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Andrea Santacruz: El Estado tiene que dar seguridad sin quitar libertades

El Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana ha enfocado su trabajo durante la cuarentena a darle seguimiento a las detenciones arbitrarias practicadas en Venezuela en el contexto del decreto de estado de alarma y a otras arbitrariedades cometidas desde distintos niveles de gobierno derivadas de la aplicación de esa normativa. Su directora, Andrea Santacruz, abogada penalista abocada a temas de derechos humanos, dirige el CDH-Unimet desde 2017 y destaca la labor de su equipo comprometido con la documentación, denuncia y difusión de las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país

—¿Cuáles son las líneas de trabajo del Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana?

—Tenemos una línea de investigación en derechos humanos que se rige por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y otra línea en torno al Derecho Penal Internacional. En la primera trabajamos específicamente lo relacionado con detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas. Hace un  año y medio incorporamos el tema de la libertad académica y la autonomía universitaria y el año pasado incorporamos migración, específicamente lo que respecta a trata de mujeres. En la línea de Derecho Penal Internacional estamos evaluando desde una perspectiva académica lo relativo a la Corte Penal Internacional, cómo se juzgan las violaciones de derechos humanos en el mundo, cómo podría evaluarse la sistematicidad o generalidad de violaciones de derechos humanos y qué puede entenderse como crimen de lesa humanidad.

—¿Están trabajando algún aspecto relativo al contexto actual del estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19? 

—Estamos haciendo seguimiento a las detenciones arbitrarias en el contexto del COVID-19. Se sale un poco de nuestro mandato, pero decidimos evaluarlas porque empezamos a ver que por el estado de alarma decretado a partir del 13 de marzo se están dando una cantidad de detenciones arbitrarias que se configuran como violaciones a los derechos humanos. Eso nos permitió elaborar un informe que hicimos junto a otra organización de la Universidad Metropolitana, que es el Observatorio de Bioética y Derecho, en el que hicimos reflexiones sobre la criminalización en el contexto de la pandemia en Venezuela. Tenemos grandes críticas desde la perspectiva internacional de los derechos humanos porque, por ejemplo, el decreto no fue enviado a la Secretaría ni de las Naciones Unidas ni de la Organización de Estados Americanos, aun cuando es una obligación del Estado de conformidad con los tratados en materia de derechos humanos. Pero lo que más destacamos fue lo amplio de las responsabilidades que establece el decreto, porque esa amplitud ha abierto la puerta a que las alcaldías, por ejemplo, estén dictando decretos propios que van más allá de sus competencias y privativas de libertad temporales.

Esas privaciones de la libertad, por ejemplo, las vemos en la Alcaldía de Chacao y en la Alcaldía de Maracaibo, esta última advirtió que el incumplimiento de la cuarentena podría acarrear la pena de arresto, lo que vulnera el principio de legalidad, que es base de un Estado constitucional de Derecho y que está establecido en nuestra Constitución en el artículo 49 numeral 6°, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese principio establece que el que legisla en materia penal es el Poder Legislativo nacional, no lo puede hacer ni el Poder Ejecutivo nacional ni mucho menos el municipal. Ese principio de legalidad es muy importante, y también se ha visto vulnerado cuando Tarek William Saab, ejerciendo el cargo de fiscal general nombrado por la ANC, dice que a las 18 personas detenidas por el caso de la fiesta en Los Palos Grandes se les va a imputar el delito de violación del decreto presidencial. Ese delito no existe en el ordenamiento jurídico venezolano, y eso también es una violación del principio de legalidad, ¿por qué? Porque para juzgar a alguien, para iniciar un proceso penal contra alguien, tiene que  existir previamente una norma conforme a la cual se sancione. Si no existe un tipo penal, como el de violación al decreto presidencial, mal podría establecerse como uno de los delitos a imputar. Eso generó en nosotros un “alerta” porque veíamos que no sólo podían plantearse esquemas de arresto por tiempo determinado, sino que se activaba el sistema penal plenamente. Ambas cosas son muy graves.

Esta situación se vio empeorada por un evento ocurrido en Nueva Esparta cuando fueron detenidas cinco personas en el marco de una situación en una academia deportiva. Para nosotros es fundamental destacar la detención de la epidemióloga del estado Nueva Esparta, porque la información que nos dan desde la Red de Defensores de Derechos Humanos es que esa doctora no había acudido a la Academia ni tenía información que no le hubiese entregado oportunamente al Estado venezolano. Entonces, a ella se le tiene privada de libertad por una situación que no le es atribuible.

Eso implica entonces la judicialización de esas personas detenidas arbitrariamente

—Sí, empezamos a ver la vulneración de otros principios, el de culpabilidad y el de mínima intervención, que son muy importantes para el Derecho Penal porque permiten que el ciudadano tenga garantías de su libertad y de ejercer sus derechos frente al Estado, y que el Estado esté limitado para no actuar arbitrariamente y pisar al ciudadano. Esta situación es preocupante porque la creencia de las personas en el estado Nueva Esparta es que la detención de la epidemióloga se debió a causas políticas, y eso lo juntamos a otros eventos como, por ejemplo, la detención del periodista Darvinson Rojas, que lo detuvo las FAES en su casa con el argumento de que tenían información que allí había una persona con COVID, y esa es la excusa para detenerlo. Pareciera que está utilizándose el decreto de alarma para profundizar la política de uso del Derecho Penal como herramienta de persecución política hacia la disidencia, entendiendo disidencia como cualquier persona que diga algo con lo que no esté de acuerdo el gobierno que controla las fuerzas del Estado. Esa es nuestra mayor preocupación.

 —También ha habido detenciones de personas que expresaron una opinión o informaron sobre alguna situación relacionada con el virus o la cuarentena

Sí, son parte de una situación más amplia en la que todo el que hable de lo que se considere inapropiado es detenido arbitrariamente: periodistas, médicos, enfermeras, personal de salud, cualquier ciudadano. Ese es el temor al no ver un Estado constitucional de Derecho que respete el principio de legalidad, que es una de sus bases. Además, de acuerdo con las normas internacionales de estados de alarma esos principios no se pueden restringir. El riesgo para la sociedad en general es muy amplio y ocurre en los países donde hay autoritarismo y violaciones de derechos humanos que utilizan el contexto del COVID-19 como una forma de ocultar su naturaleza, restringiendo las libertades. Ofrecen seguridad por libertad en una especie de dilema que es falso, porque el Estado tiene que dar seguridad sin quitar libertades. En el marco constitucional del Derecho debe garantizar ambas cosas.

Otra situación presente ha sido la estigmatización y criminalización de las personas contagiadas con el virus, se les ha señalado de irresponsables en cadena nacional y se han anunciado operativos en términos policiales para rastrear posibles contagios

Ahí tenemos la preocupación en dos sentidos: uno, que hay una visión de criminalizar y detener personas por contagiar a otros, y por otro lado llevarlos prácticamente obligados a centros de salud. Ambas cosas son mecanismos que privan la libertad de manera arbitraria, y la consecuencia es que las personas que tengan síntomas van a preferir no reportarlo y no someterse a las pruebas correspondientes, eso dificulta el diseño de políticas públicas para conseguir una cura o paliar la situación. De hecho, está el caso alemán, ¿por qué Alemania tiene un alto porcentaje de contagio pero muy bajo de personas fallecidas, 0,3% de su población, lo más bajo en toda Europa? Una de las razones es por la cantidad de exámenes realizados a la población. Si la gente no está dispuesta a hacerse el despistaje porque tiene miedo a ser detenida o criminalizada y ser hospitalizada de manera obligatoria no lograremos tener esa gran ventaja de países como Alemania.

—Han surgido graves denuncias de migrantes venezolanos que se han visto forzados a retornar al país en plena emergencia mundial por el COVID-19 y han sido confinados en albergues o infraestructuras sin condiciones de higiene ni cobijo. Al respecto, el fiscal general designado por la ANC dijo que estas personas habían “renegado” del país al emigrar y que ahora que están en una mala situación decidieron volver, pareciera entonces que hay un señalamiento político hacia ellos

—Los venezolanos tienen derechos, por consecuencia no se les puede señalar como si fueran menos porque están retornando después que se habían visto obligados a irse por la Emergencia Humanitaria Compleja y que ahora regresan porque las condiciones los obligan en este momento. La respuesta del Estado no puede ser de ataque o agresión, sino de reconocimiento a sus derechos como venezolanos. Estamos frente a la política estatal de agresión a la disidencia, e incluso a esa persona que dijo: “En Venezuela no vivo bien». Esas personas son un reflejo de la política de Estado de ataque a esa población.

¿El Estado venezolano podría ser responsabilizado en el ámbito internacional por el manejo de la pandemia?

—Sí, de hecho, la oficina de la Alto Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, junto a los mecanismos tanto convencionales como no convencionales de Naciones Unidas, el sistema de protección, realizó otra publicación recientemente sobre las directrices para el manejo del COVID-19 y expresamente recordaba a los Estados: “Ustedes no pueden violar derechos humanos en el marco de la pandemia y los estado de excepción que se están imponiendo». Ese recordatorio es porque las obligaciones de los Estados se mantienen en pie, tienen consecuencias, si las incumplen es posible que sean llevados a las instancias internacionales para que sean responsabilizados ante los sistemas de protección. Igual la Comisión Interamericana Derechos Humanos ha hecho señalamientos expresos en torno a la violación de derechos humanos en la región y todo ello puede ser canalizado ante las instancias correspondientes.

Efectivamente la responsabilidad existe y es posible avanzar a nivel internacional, además si esas  violaciones están ocurriendo en el marco de una política de Estado de ataque a la disidencia habría que revisar si hay elementos de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que la situación de Venezuela está siendo evaluada en el examen preliminar que se está adelantando ante la Corte, y hay otro mecanismo que es la Misión de Determinación de Hechos, que está trabajando aspectos de derechos sociales, económicos y culturales.

¿Existe alguna respuesta de la sociedad ante la pandemia que le preocupe?

Hemos estado viendo en el mundo, no sólo en el caso venezolano, que el COVID genera una reacción que ha estado presente en otros procesos históricos, no solo en pandemias, que es el miedo. La población siente mucho miedo de lo que está pasando y los gobernantes también. El problema del miedo es que puede sacar lo peor de los seres humanos, implica, por ejemplo, las situaciones que han afrontado algunos médicos en las zonas donde viven que les dicen. “Usted médico, está en contacto con el COVID, no venga para su casa”. Y en Venezuela hemos conocido casos de personas que llaman los centros de atención de salud para reportar “Mi vecino tiene tos, vengan a ver”, con eso ponen a su vecino en situación de riesgo, porque se le señala y va a ser obligado a hospitalizarse. Puede  sonar muy fuerte, pero es nuestro mayor temor, es como cuando durante la Alemania nazi los vecinos llamaban a otro para decir “Mira, mi vecino es judío” para que entrara la policía política y se los llevara. Por eso expresamos que el miedo puede llevar a lo peor de las personas, y es que la gente está dispuesta a dar todo por tener seguridad, incluso la libertad de otros. Por eso, desde el Centro de Derechos Humanos y el Observatorio de Bioética de la Unimet hicimos este informe para hacer un llamado a que entendamos que la lucha por los derechos humanos no está ganada, por el contrario, estamos en ella constantemente; la libertad  no todos la tenemos garantizada.

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