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diciembre 8, 2020

Olnar Ortíz: “En Venezuela no tenemos una estructura óptima de justicia para los indígenas”

¿Quién mejor que un indígena para conocer a fondo y comprender las dimensiones de las vulneraciones a los pueblos ancestrales? El Foro Penal tiene en Olnar Ortíz a su coordinador de Pueblos Indígenas, un abogado amazonense, miembro del pueblo bare que en los últimos años se ha entregado a la promoción y defensa de causas gravísimas que lesionan la ya diezmada situación de estas comunidades que habitan en el país

—Usted tiene a cargo la defensa de los 13 pemones detenidos por el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva, en el municipio Gran Sabana, ocurrido en diciembre de 2019, y constantemente ha denunciado irregularidades en el proceso, ¿podría mencionarlas?

En principio, estas personas fueron llevadas bajo engaño a esa sede militar, les hicieron creer que los contrataron para hacer un trabajo, lo cual es muy común, que los busquen en sus comunidades para encargarles un trabajo y los llevan de regreso cuando terminan. Los llevaron en un camión, una vez allá en el Fuerte y al presentarse la situación, ellos por voluntad propia ya que no estaban involucrados en nada, ni haber planificado ni ejecutado nada, se presentan donde el capitán de la comunidad. Desde ese mismo momento fueron irrespetados sus derechos procesales, pues delante de sus familiares fueron maltratados, humillados, vejados, dos de ellos estaban heridos, necesitaban ser trasladados al hospital, pero no lo hicieron. Uno de ellos en vez de ser atendido estuvo 59 días en desaparición forzada, nadie sabía dónde estaba ni en qué condiciones. El resto, todos fueron detenidos de manera arbitraria.

Primero los presentaron en un tribunal militar en Guasipati que declinó su competencia al Tribunal Cuarto de Control con competencia en Terrorismo, en Caracas. El primer grupo en el que había indígenas y criollos fue presentado en enero, el segundo grupo en febrero; en ninguna de las dos audiencias  permitieron el acceso a los abogados, ni siquiera porque junto con los familiares y la comunidad habíamos ido a la Fiscalía de Derechos Fundamentales a denunciar la desapariciones, tratos crueles y torturas que habían sufrido. Ellos fueron obligados a admitir hechos bajo tortura. El 4 de enero los trasladaron a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre febrero y principios de octubre no hubo ningún avance en el proceso debido a la cuarentena por el decreto de estado de alarma hasta el 19 de octubre cuando llamaron a la audiencia preliminar para el grupo completo, no dividido en dos como lo fue inicialmente, el problema con eso fue que no conocíamos el escrito de acusación del Ministerio Público del segundo grupo. La audiencia se difirió en tres oportunidades, y no fue sino hasta el 25 de noviembre cuando se celebró la audiencia que duró 13 horas. Cuando ellos llegaron tenían 12 días sin agua en el Rodeo II. Era evidente su mal estado físico y de salud. Luego, el 27 de noviembre el tribunal llamó para dar a conocer la acusación y fue cuando supimos que fueron ratificados los delitos que imputó el Ministerio Público, por lo que pasaron a juicio acusados de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración contra la forma política, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.

Cuando en plena cuarentena trasladaron a estos 13 indígenas de manera arbitraria y sin orden judicial al Rodeo II, a más de 800 kilómetros de su lugar de origen, debido a las malas condiciones de ese centro de reclusión y el hacinamiento ellos comenzaron a sufrir problemas gastrointestinales, la médico de allí diagnosticó amibiasis. Tuvimos que hablar con el director del Destacamento de la Guardia Nacional para que nos dejara entrar los medicamentos porque el centro de reclusión no los tenía, pero tampoco permitía que los lleváramos, así como tampoco agua potable ni medicinas. Luego, entre finales de julio y agosto otra vez presentaron problemas de salud con síntomas asociados al COVID-19, pero a esta fecha, ya por finalizar el año, nunca se pudo saber si realmente padecieron el virus porque nunca hicieron pruebas de despistaje.

Hay otros casos, sobre todo dos, que presentan condiciones de salud muy deterioradas, incluso grado de desnutrición severa porque el Rodeo II no garantiza el derecho a la alimentación de todos los reclusos, por lo que los familiares de las personas privadas de libertad tienen que ir a diario a llevarles comida, pero en el caso de los indígenas eso es muy difícil porque sus familiares viven en la Gran Sabana, en Caracas solo hay dos madres que han podido quedarse en la capital y que con ayuda del Foro Penal y del convento de las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón, ubicado en el centro, han llevado la alimentación preparada e hidratación dos veces por semana los detenidos, porque no permiten que se les entreguen víveres para que ellos mismos se preparen la comida.

—Usted mencionó que fueron sometidos a torturas y tratos crueles. ¿Podría especificarlo?

Sí, desde la detención y traslado a sus primeros sitios de reclusión ellos fueron maltratados, golpeados fuertemente, les aplicaron asfixia mecánica, les deprendieron las uñas, aparte de la tortura psicológica, después de ser sometidos a todo eso ellos terminan aceptando unos hechos que no son ciertos. Hay evidencias de que fueron llevados bajo engaño al batallón militar. Todo eso lo hemos denunciado.

—¿Ustedes han elevado este caso a alguna instancia internacional?

Sí, ante la OEA denunciamos la desaparición forzosa de ellos, la mayoría entre 12 y 20 días desaparecidos, pero uno de ellos estuvo 59 días, fue en febrero cuando los familiares y la defensa supimos de él, cuando fue presentado el segundo grupo en tribunales. Fue imposible saber antes de su paradero porque no nos permitían acceso, incluso se tardaron 10 días para permitirnos juramentarnos. Pero tampoco los familiares pudieron comprobar dónde estaba por un reglamento interno del DGCIM y del Sebin a todas luces inconstitucional de una supuesta adecuación que le aplican a toda persona que privada de libertad y llevada a sus sedes, a quienes por cuarenta y tantos días no permiten visitarlos para que ‘se adecúen’, pero tampoco daban información de ellos. Por eso hicimos las denuncias en el plano internacional, aunque ya lo habíamos hecho en la Fiscalía General de la República en la dirección de Derechos Fundamentales y en la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, cuando hicieron el traslado sin orden judicial hicimos la denuncia ante Amnistía Internacional que hizo un comunicado público alertando de esta situación; igualmente ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y con los oficiales de la ONU que estuvieron no solo en Caracas sino en varios estados con quienes los familiares se han entrevistado.

—¿Los oficiales de la ONU han tenido acceso al Rodeo II para ver las condiciones en que se encuentran detenidos los pemones?

No, en octubre familiares de los presos políticos fueron a la sede de la Cruz Roja Internacional para que esa instancia actuara y fuera a los centros penitenciarios, pues tanto familiares como defensa no teníamos acceso a verlos; eso no se logró; si no les dieron acceso a ellos menos a los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada.

—¿Ustedes, los abogados de la defensa, sí tienen acceso al Rodeo II?

No, nosotros logramos verlos en las audiencias, de resto todavía está restringido el acceso a los abogados, solo permiten algunas visitas de los familiares y eso porque tienen que llevarles los alimentos.

—Más allá de este caso, ¿qué diagnóstico tiene del acceso al sistema de justicia en la población indígena?

Igual a como es en el resto del país, el sistema de justicia en Venezuela está en crisis, al no haber separación de poderes no tenemos Estado de Derecho y si eso lo trasladamos a las comunidades indígenas es mucho más grave a pesar de que la Constitución establece derechos especiales a los indígenas y que hay normas nacionales e internacionales que protegen a esta población. Cada vez hay más indígenas privados de libertad por el simple hecho de defender sus derechos, cada día son más frecuentes los reclamos y protestas en las comunidades indígenas de todo el país por la distribución del combustible, por ejemplo, en Amazonas en 40 días yo he podido cargar gasolina solo dos veces, y la gasolina colombiana que es la más frecuente deben pagarla en las comunidades en pesos al equivalente a 3 dólares, por lo que es casi imposible que unas personas que dependen del combustible para salud, para alimentación y para cualquier traslado vía fluvial tengan posibilidad de pagarla a ese precio, es demasiado costoso. Incluso, también ha habido protestas por el gas para cocinar, pues hay la creencia de que porque son indígenas tienen que cocinar con leña, claro que hay comunidades que mantienen esa costumbre ancestral, pero los que viven en las capitales de los estados necesitan acceso al gas.  

Y esas personas que son privadas de libertad de manera arbitraria muchas veces son liberados de la misma manera por la Guardia Nacional; es decir, si ellos quieren los liberan sin cumplir los procedimientos ni normas procesales, bajo convenio, si les pagan… Por lo que la situación de acceso a la justicia de los indígenas es un bien escaso, es muy difícil acudir a una fiscalía o a un tribunal a pedir justicia, además porque el sistema de distribución del Poder Judicial es solo en las capitales de los estados, las comunidades indígenas no tienen acceso a ello, pues hay una mora del Poder Legislativo para normar la jurisdicción especial indígena, y por eso todo funciona a discrecionalidad de la Guardia Nacional que muchas veces quitan los alimentos a los indígenas para no detenerlos o aplican la Ley Ambiental cuando no corresponde. Por lo tanto es una situación bastante difícil porque por un lado no tenemos una estructura óptima de justicia para los indígenas y, por otro, no se ha capacitado a jueces y fiscales en la materia, y mucho menos al resto de los funcionarios del Estado como guardias nacionales, miembros del Ejército, policías, que están en jurisdicción indígena pero no conocen la ley y siguen atropellando y violando los derechos de nuestros indígenas en sus propias comunidades. //

Al servicio de sus hermanos

El interés de Olnar Ortiz por los derechos humanos se dio desde sus épocas universitarias. Sus vínculos con el Foro Penal se remontan a 2013, en esos días Puerto Ayacucho era la primera entidad que protestaba contra los atropellos que comenzaba a cometer el naciente gobierno de Nicolás Maduro y que arreciarían al año siguiente, pues allí desde el mandato de Hugo Chávez fueron víctimas de varias expropiaciones de instituciones y organismos del gobierno regional a cargo de Liborio Guarulla, lo que continuó con Maduro.

En ese contexto se dio la expropiación del Hotel Amazonas, emblemático en ese estado, que en ese momento era administrado por la gobernación, el hecho generó protestas ciudadanas para impedir la toma de las instalaciones en las cuales la fuerza pública detuvo a 23 personas, entre ellos indígenas wotuja. A raíz de esa situación Olnar Ortiz entró en contacto con el Foro Penal y comenzó su trabajo con esa organización. En 2018 se creó la Coordinación de Pueblos Indígenas, de la cual Ortiz está  a la cabeza, con la idea no solo de la defensa jurídica de aquellos privados de libertad de manera arbitraria, sino de impulsar la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en general, de allí la intensa labor de difusión y documentación a nivel nacional e internacional del caso de la matanza de Kumarakapay, ocurrida en febrero de 2019 contra indígenas de la etnia pemón.

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