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febrero 10, 2021

Juan Berrios: “Es como si se hubiese hecho de noche de repente”

Juan Berríos es abogado especialista en Derecho Constitucional, y doctor en Derecho, y profesor en la Universidad del Zulia desde hace trece años. No es ajeno a la persecución que ha sufrido la ONG zuliana Azul Positivo, al hablar con él se percibe su preocupación por la detención de cinco trabajadores humanitarios de la región, pero mantiene firme su convicción de seguir con la labor de defensa de los derechos humanos de la población vulnerable que ahora crece precisamente debido a la suspensión algunos de los programas de ayuda de la ONU.

En 2012 diseñó en un programa de servicio comunitario con el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de LUZ en el cual enseñaban DDHH a niños en las escuelas. Luego, con las protestas de 2014 y la crisis económica y social de 2015 formó parte de una iniciativa con algunos profesores de documentar lo que estaba pasando. A partir de esa circunstancia integró el grupo fundador de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, de la cual es su actual coordinador general.

—Codhez, que es una organización no gubernamental zuliana, ha emprendido una intensa campaña a raíz de la detención de los cinco miembros de Azul Positivo. ¿A qué va orientada?

—Al hecho de que es una organización, digamos aliada, amiga. Básicamente, se trata de expresar solidaridad hacia su situación y también porque consideramos que lo que les ocurre afecta el trabajo de la sociedad civil organizada en Venezuela, no solo en el espacio humanitario en sí, sino de todas aquellas organizaciones que hacen trabajo con las comunidades. En el caso de Azul Positivo ellos asistían a la comunidad, entre otras formas, a través de un programa de alimentación. Entonces la campaña va en dos sentidos, en pedir la liberación y en concientizar a la población sobre el trabajo de las organizaciones, pues muchas veces la gente no entiende el rol de las organizaciones no gubernamentales, lo que hacemos y las situaciones de peligro que existen, y que parte de la labor está enmarcada en un plan de respuesta humanitaria que coordina Naciones Unidas a través de su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) por medio de diversos proyectos y que tiene representación en Venezuela, además que hay otras agencias de ONU involucradas, como Acnur, Unicef, entre otros. También hacer ver que hay otras organizaciones internacionales presentes en Venezuela apoyando a poblaciones vulnerables como Caritas, Save The Children, pero también organizaciones venezolanas, algunas de alcance nacional y otras más local que son socias de esas organizaciones no gubernamentales internacionales o de Naciones Unidas para llevar a cabo esos proyectos de respuesta humanitaria, lo que sucede es que desde hace algunos años el término “ayuda humanitaria” se politizó, algunos pensaron que estaba relacionada con algún partido o movimiento político, pero eso no es así, estos programas tienen años funcionando sin condicionamientos de orden político-partidista.

—Sin embargo, ha habido una intención, que sí es política, en hacer ver que obtener recursos de estos organismos multilaterales para atender a la población vulnerable es ilegal, es un delito, al punto que a los cinco detenidos de la ONG Azul Positivo los señalan de “legitimación de capitales” y “asociación para delinquir”.

—Si la gente revisa las redes sociales de Azul Positivo verá que incluso ha trabajado en programas de VIH conjuntamente con la Secretaría de Salud del estado Zulia, qué mejor manera que demostrar que los beneficiarios de su trabajo no tienen nada que ver con un tema político porque se trata de trabajo humanitario.

—¿Qué siente como defensor de DDHH de la situación a raíz de la detención de estos trabajadores humanitarios?

—Creo que la sociedad civil organizada en general en Venezuela está en riesgo, está ante una situación comprometedora, ellos no son los primeros en vivir estas situaciones de persecución, antes les ha ocurrido a otras organizaciones incluso nacionales, aunque sí es la primera vez que hay enjuiciamiento, es un riesgo que podríamos correr todos.

—¿Por qué cree que al Poder Judicial en Venezuela no le tiembla la mano al encarcelar a trabajadores humanitarios y señalarlos de delitos como asociación para delinquir?

—No lo sabemos, lo hemos pensado mucho y no tenemos respuesta, creo que ni Naciones Unidas se lo puede creer, ellos están igual de sorprendidos. Creo que el problema es la cooperación internacional.

—¿Cree que a raíz de lo sucedido con Azul Positivo los organismos internacionales y las otras instancias de cooperación internacional se deben replantear la manera de colaborar con las organizaciones venezolanas?

—Sí por supuesto, tienen que hacerlo, y en general todas las organizaciones que trabajen en coordinación con organismos de cooperación internacional deben repensar cómo seguir haciendo el trabajo por los más vulnerables, porque es como si se hubiese hecho de noche de repente, podía intuirse que venía la noche, pero esto fue abrupto. En cualquier país pueden presentarse riesgos, pero no pensamos que se pasara de amarillo a rojo tan abruptamente, pues en los últimos años se han fomentado unas ideas negativas sobre lo que es sociedad civil, su representatividad y legitimidad. Tal vez uno de los primeros espacios que sufrió esa descalificación fue el ámbito de las organizaciones dedicadas al tema electoral, como Queremos Elegir y Súmate, y de allí se ha avanzado hacia otros ámbitos, ahora hasta llegar al espacio humanitario.

—En los últimos meses de 2020 varias organizaciones de derechos humanos, activistas y defensores sufrieron algún tipo de situación de acoso u hostigamiento, ¿cómo hacer para poder continuar con el trabajo y avanzar en los proyectos ya iniciados?

—A las organizaciones que trabajan con transferencias monetarias o aporte de bienes y servicios a las comunidades se les complica la labor, en eso está Naciones Unidas viendo cómo hacer para continuar prestando el apoyo a tanta gente que tiene expectativas porque estaba recibiendo ayuda para alimentarse.

—¿El trabajo en red podría aportar en ese sentido?

—Las redes han sido una buena iniciativa para que el trabajo tenga más alcance y fortaleza; de hecho, Redhez —de la cual formamos parte alrededor de 10 organizaciones— ha sido una experiencia de articulación de esfuerzos para alinear acciones como, por ejemplo, la campaña para visibilizar la situación de Azul Positivo, entre otras acciones conjuntas.

—¿Qué expectativas tienen con la visita de la relatora especial que está de visita en Venezuela para evaluar el impacto de las sanciones?

—Pues, esperemos que haya podido escuchar a las organizaciones de la sociedad civil independiente y que mire más allá, pues si bien hay un impacto que no se puede desconocer lo cierto es que la emergencia existe desde antes de las sanciones. Creo que hay muchos elementos que van más allá de la narrativa causa-efecto, y que la relatora pueda ver la paradoja: hay unas sanciones, hay una crisis, y quien se atreve a prestar asistencia puede ser perseguido, como le ha ocurrido a Azul Positivo.

—Con todo esto que ha comentado y los riesgos cada vez mayores, ¿cómo ve la situación actual de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, vale la pena seguir documentando, monitoreando, reportando, denunciando las violaciones a la población?

—Sí, por supuesto, este es un trabajo que no puede parar, hay que seguir diciendo lo que está pasando, no podemos quedarnos con las agresiones, probablemente haya que replantear algunas formas de dar el mensaje, pero hay que decir lo que está ocurriendo: que el espacio cívico para que las organizaciones documenten y denuncien se está reduciendo, que el espacio de trabajo humanitario para ayudar a la cantidad cada vez más creciente de gente que lo necesita también se está reduciendo, que además estamos en una situación muy nueva para todos los venezolanos que nunca pensamos que llegaríamos a esta situación, teníamos otras expectativas sobre la vida y sobre cómo debía ser el país, más justo, más igualitario. Aunque hay desde varios espacios hay mucha gente involucrada en revertir esa situación y tratar de que las cosas mejoren también hay una fuerza muy negativa que de cierta forma se está normalizando y hay que evitar que se convierta en algo normal porque los venezolanos merecemos vivir con dignidad y eso implica que sean respetados los derechos de todos y las libertades.

—¿Qué desafíos ha implicado la cuarentena tan larga al trabajo que realiza Codhez?

—Ha sido todo un reto, muy difícil, y no solo por el virus en sí que ya es bastante, sino por otras situaciones que se han presentado como la escasez de gasolina, las fallas en los servicios públicos como agua y luz que en Zulia ha sido una pesadilla, a todo eso tuvimos que acostumbrarnos para poder trabajar, sobre todo quienes hacen labor en el terreno, aun así, hicimos un buen trabajo de documentación y visibilización. Sin embargo, acciones como la Feria de Derechos Humanos tuvimos que hacerla digital y en un país con limitaciones en el acceso a Internet eso fue un reto y no pudimos abarcar a la gente que se está quedando atrás por la pobreza, por ejemplo. //

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