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abril 6, 2021

Javier Tarazona: “El conflicto de la guerrilla llegó a Venezuela para quedarse”

En las últimas semanas la frontera colombo-venezolana ha sido noticia ya no por las olas de migrantes que huyen de la Emergencia Humanitaria Compleja, sino por los ataques de grupos armados irregulares colombianos a la población civil y militar en Apure, donde las disidencias de las FARC y el bloque del reagrupamiento liderado por la dupla Márquez-Santrich se disputan el territorio para controlar el tráfico de drogas y minerales. La ONG de derechos humanos FundaRedes ha monitoreado, documentado y denunciado de primera mano lo que ocurre en ese estado de los Llanos venezolanos donde dos de sus activistas fueron desaparecidos y detenidos de manera forzada y arbitraria. Su director, Javier Tarazona, conoce como pocos el alcance de la presencia y actuación de grupos guerrilleros y paramilitares en Venezuela, y se ha dedicado a denunciar las violaciones de derechos humanos en las poblaciones fronterizas.

En los últimos años FundaRedes ha documentado y denunciado la creciente violencia en la frontera con Colombia vinculada a la presencia cada vez mayor de la guerrilla y paramilitares colombianos. Desde esa experiencia, ¿qué características tiene el estado Apure para que sea escenario de ataques armados a la población y a las Fuerzas Armadas venezolanas de la magnitud en que han ocurrido en las últimas semanas?

Ciertamente la frontera colombo-venezolana es un espacio donde impera la anarquía, los para-estados, los micro-estados, la pérdida de la soberanía y, en ese sentido, Apure resulta estratégico para la actividad de narcotráfico y el tráfico de minerales ya que hay un aeropuerto que les sirve sin muchas restricciones, y eso facilita esas actividades; además, la topografía de ese estado facilita la construcción de pistas clandestinas, lo que lo hace un territorio deseado por los grupos armados irregulares.

Desde julio de 2020 las FARC en sus tres grandes bloques -el liderado por alias Timochenko, las disidencias comandadas por alias Gentil Duarte y el reagrupamiento encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich- comenzaron a tener enfrentamientos más intensos entre sí; el último de estos bloques quiere tener el control absoluto del narcotráfico en Venezuela; el de Duarte que venía haciendo ese trabajo en ausencia de Santrich y Márquez, e incluso del propio Timochenko que opera en Venezuela más orientado al trabajo político, se niega a retirarse de esos negocios y de la sociedad que tiene con el Estado venezolano, todo eso genera una situación de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

¿Podría mencionar los efectos de esos enfrentamientos entre bloques de las FARC?

Al hacer una revisión de los últimos enfrentamientos ya son más de 10 militares venezolanos muertos en esos hechos desde septiembre pasado en El Nula, Apure, en una zona controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esos momentos las Fuerzas Armadas se aliaron con el ELN para combatir al Frente Décimo de las FARC, eso es lo que califica la doctrina de la OTAN como una “guerra híbrida”, situaciones de violencia inexplicables. Luego, en enero de este año, en el sector La Macanilla, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, se inició la que ha sido la confrontación más prolongada porque persistió hasta marzo entre el Frente Décimo de las FARC (disidencias) y las FANB. Todo parece indicar que ese conflicto se va a prolongar o que incluso pueda haber una retirada de las Fuerzas Armadas venezolanas toda vez que el costo está siendo muy alto tanto para los hombres en armas como para la población civil.

En el caso de Apure, en el transcurso del último trimestre de 2020 nuestra organización llevó adelante una investigación denominada Curva de la Violencia en la que pudimos constatar que estos bloques están quitando la vida violentamente a personas cercanas o a miembros de estos bandos y dejan sus cadáveres en la zona sur del estado Táchira. Todo este contexto opresivo que implica la actuación de grupos armados irregulares ha conllevado a la normalización de la violencia y por ende a una normalización de la violación los derechos humanos en materia de integridad física, alimentación, educación, propiedad privada y trabajo, porque todas las actividades que realizan estos grupos terminan desplazando personas porque les roban sus tierras o los presionan para comprárselas por casi nada o se instalan arbitrariamente en las propiedades privadas para desarrollar sus actividades. Esta situación ha sido permitida, la guerrilla no tiene en Venezuela unos días, es una presencia de muchos años y en estos momentos estamos viendo las consecuencias de ello.

¿Cuáles son las violaciones a derechos humanos que han documentado en el conflicto en Apure?

Al momento de activarse el conflicto o el ataque contra la guerrilla el día 21 de marzo pasado contra los campamentos que tienen en La Victoria comenzaron a ocurrir una serie de situaciones que hemos documentado y visibilizado: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, persecución, allanamientos ilegales, amenazas, hostigamientos a comunidades, a defensores y activistas de derechos humanos, a periodistas que intentan reportar los hechos, desplazamientos masivos, ya hay casi 6.000 refugiados en Colombia, incluidas comunidades indígenas, hay víctimas de minas antipersonales, muertes a consecuencia de este conflicto, animales de propiedad privada acribillados por funcionarios policiales venezolanos.

¿Como puede entenderse que, si ahora las FARC están divididas en tres bloques, como usted explica, el régimen venezolano mantenga los vínculos y el reconocimiento a esta guerrilla que está enfrentada entre sí tras el retorno a las armas de los desmovilizados en el proceso de paz?

Lo que sucede es que hay vínculos que van más allá del contexto y la cotidianidad de estos momentos y que tienen que ver con las alianzas que han hecho con la idea de internacionalizar el proyecto político revolucionario, y eso termina por afectarnos a los venezolanos y al país como tal, nos deja muy mal parados ante el mundo.

¿Aun cuando estos bloques guerrilleros están atacando a militares venezolanos?

Sí, porque hay acuerdos que resultan beneficiosos para quienes ostentan el poder en Venezuela y tienen que ver con el narcotráfico y el extractivismo para financiar su permanencia en el poder.

De acuerdo con los acontecimientos de los últimos días en Apure, ¿cómo ven ustedes que se está reacomodando el control del territorio? ¿Las Fuerzas Armadas venezolanas están conteniendo la avanzada de estos grupos armados o la zona sigue bajo control de alguno de estos bloques de la guerrilla?

En estos días se están configurando nuevos apoyos al Frente Décimo con la participación del Frente 28 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, que nos preocupa porque sin duda eso indica una prolongación del conflicto, nuestra preocupación es por los desplazados, esa gente que está sufriendo las consecuencias y que no tiene cómo resolver más allá de huir hacia un refugio del lado colombiano donde recibir alimentación. El Frente 28 ya está presente en Amazonas y Zulia, y su movilización hacia Apure lo que hace es agravar el conflicto.

Hasta ahora Venezuela era una tierra libre de minas antipersonales, con el conflicto de Apure se ha detectado su uso…

Estas minas antipersonales las usa tanto el ELN como las FARC para proteger laboratorios, cultivos, campamentos. Es lamentable que en Venezuela las tengamos sobre todo teniendo en cuenta que el Estado suscribió la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales, y aunque Venezuela hace un discurso a favor de esas metas en la región y en el planeta son solo palabras vacías como ocurre con la educación, dicen que Venezuela es un país libre de analfabetismo, pero hay más pistolas que libros en las escuelas y en los liceos. En FundaRedes documentamos cómo en 2018 unas minas colocadas en Zulia por el ELN cegaron la vida de militares venezolanos y ahora se repite la situación en 2021 con los hechos que hemos registrado en Apure estas últimas semanas. Eso solo es una muestra de cómo se abandonó la frontera y se permitió la penetración y actuación de estos grupos armados irregulares y se les dio beligerancia como lo dijo Hugo Chávez.

¿Tienen registro de cuántas minas antipersonales se han activado durante estas últimas semanas en Apure?

Por lo menos una por día, en promedio, solo que unas han causado daños y otras no.

Nicolás Maduro dijo recientemente que este conflicto también es responsabilidad de Colombia que abandonó su frontera. De acuerdo con el trabajo de monitoreo que hace FundaRedes, ¿cuál de los dos Estados tiene mayor presencia en su lado de la frontera?

La presencia de un Estado no es solo con fuerzas policiales o militares, el abandono en Venezuela ocurre en las propias capitales de los estados, y un ejemplo de ello es la Emergencia Humanitaria Compleja, que no es más que la destrucción de las capacidades de respuesta que tiene el Estado para atender y garantizar las necesidades de la población, en el caso de la frontera no solo está abandonada estratégicamente desde el punto de vista militar, sino de servicios de salud, educación, cultura, de desarrollo agropecuario, y todo eso permite que se formen microestados delincuenciales y tengan la posibilidad incluso la facilidad de conquistar a la población civil a través de ciertos “beneficios” que ellos puedan aportar.

¿Tiene cifras actualizadas de cuántas personas se han desplazado de manera forzada hacia Colombia desde que comenzó el conflicto en Apure?

La Alcaldía de Arauquita está cuantificando el número de venezolanos que han llegado desde La Victoria, El Ripial, Arenales, Tres Esquinas, El Ocho y otras, que son cerca de 6.000, pero no solo se están desplazando hacia allá, sino también a Saravena y Arauca, en Colombia, e incluso hacia localidades del mismo estado Apure como Guasdualito y otras.

¿Qué opina de que el Estado venezolano haya enviado a unas fuerzas policiales a la zona en conflicto para reforzar a los contingentes castrenses?

Bueno, no envió a cualquier grupo policial, sino a uno calificado por el sistema universal de derechos humanos como una fuerza de exterminio responsable de ejecuciones extrajudiciales, por lo que varias instancias de la ONU han recomendado que sea eliminado, pero eso no ha sido atendido y por el contrario sigue actuando impunemente. Por eso nosotros rechazamos la incursión de las FAES en este conflicto, además que la legislación claramente establece que son las Fuerzas Armadas las que deben actuar en estas situaciones.

¿Qué tipo de daños han ocurrido en el conflicto de Apure?

Los daños materiales son incuantificables: casas y escuelas destruidas, abaleadas, incendiadas, bombardeadas; pérdidas de fincas, ganado y otras especies animales; las persecuciones a organizaciones y a la prensa por intentar registrar lo que ocurre es también una dimensión de los daños; la cantidad de desplazados dejando atrás sus propiedades y pertenencias. Los daños son desproporcionales y me atrevería a decir que por lo menos la población de La Victoria nunca volverá a ser lo que era.

¿Todos esos ataques y destrucción han venido de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas o de las FAES?

El incendio de las casas y escuelas ha sido responsabilidad de las FAES, la Fuerza Armada bombardeó algunas casas creyendo que allí estaban los subversivos, pero la destrucción general y masiva se le atribuye a las FAES.

¿El conflicto ha sido controlado o continúan los enfrentamientos?

Siguen los enfrentamientos entre el Frente Décimo de las disidencias de las FARC -con apoyo del Frente 28- con las Fuerzas Armadas venezolanas. Los socios de tanto tiempo hoy terminan peleados; lo triste es que el Estado venezolano no enfrenta a toda las FARC y a todo el Ejército de Liberación Nacional, sino tan solo a una fracción de ellas. Por ejemplo, mientras hacemos esta entrevista nos está llegando material de una reunión de una comandante guerrillera con población indígena del Amazonas en la que les exige su reconocimiento.

¿Hacia dónde debe de ir dirigido el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de los organismos internacionales con esta nueva e intensa remetida de los grupos armados irregulares en Apure? Ya desde hace años FundaRedes ha denunciado la presencia y actuación de estos grupos en instancias nacionales e internacionales

Creo que los delitos de lesa humanidad que están ocurriendo hacen que tome más fuerza nuestro trabajo de visibilizar las violaciones ante el mundo y en el sistema universal de derechos humanos. Estamos en contacto con instancias internacionales, incluso en alianza con otras organizaciones porque es necesario reforzar la labor que se está desarrollando. Hemos pedido a Naciones Unidas que manden un enviado especial porque las violaciones de derechos humanos son más aceleradas por la ausencia de un actor independiente que sea veedor de lo que allí ocurre.

¿Las instancias internacionales tienen conocimiento del hostigamiento al trabajo humanitario y de defensa de derechos humanos que está ocurriendo en la zona y en torno al conflicto?

Sí, bueno, es más de la forma de desarrollar la política de quienes ostentan el poder. Es posible que avancen en el hostigamiento, las amenazas, la criminalización e incluso los intentos por judicializar el trabajo de las organizaciones, pero tenemos el deber de seguir levantando la voz, incidiendo pública e internacionalmente sobre los hechos. Nuestros dos activistas de Apure detenidos junto a dos periodistas que se trasladaron a la zona a registrar lo que ocurre fueron víctimas de una desaparición forzada y detención arbitraria, fueron incomunicados por 25 horas, la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela le robó los equipos a los periodistas y los teléfonos a nuestros activistas con los cuales hacían parte del trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos. Por si fuera poco, posteriormente se han dedicado a pretender hacer ver que eso fue mentira e iniciaron una campaña de desprestigio cuando incluso para darles libertad los obligaron a que respondieran unas preguntas y negaran que habían sido detenidos.

¿Qué expectativas tiene en torno a la presencia de estos grupos armados irregulares de origen colombiano en Venezuela tras los hechos de Apure?

Nuestra preocupación es la movilización de grupos violentos que se asocian y apoyan para cometer actividades perversas y que generan un contexto opresivo para la población, y que todo el bloque de Gentil Duarte (las disidencias) que está esparcido por varios estados de Venezuela termine generando focos de violencia en otras regiones del país, de allí que creo que el conflicto se va a prolongar por más tiempo toda vez que los intereses en juego son muy altos.

¿Qué respuesta debería dar el Estado venezolano a la situación desde el punto de vista de seguridad y de derechos humanos?

Lo primero es que no puede tener una relación con unos y una relación con otros. Terrorista es terrorista, no unos sí y otros no; el trato debe ser igual para todos los bloques guerrilleros. Lamentablemente, la guerrilla se trasladó de Colombia, donde ha tenido un conflicto por más de 60 años, a Venezuela y al parecer es para quedarse; se aprovecha de un Estado que le facilitó todo a cambio de protección a la revolución y hoy ese muchacho creció en armas y en poder de fuego. La situación se desbordó, se le escapó de las manos al régimen y este es el resultado. //

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