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julio 8, 2021

Olga González: «¿Cómo le explicas a un hijo que su papá fue asesinado por el Estado venezolano que debió protegerlo?»

En julio de 2017, cuando Venezuela tenía tres meses sumida en un ola de protestas antigubernamentales que cada día engrosaba la lista de ciudadanos muertos por la represión, el país se consternó al conocer del asesinato a manos de funcionarios policiales de Leonardo González Barreto, un voluntario de la iniciativa de payasos de hospital Dr Yaso en Valencia, estado Carabobo. La mañana del 27 de ese mes salió de su casa desde temprano a llevar alimentos a las personas que estaban manifestando, sentía que era su deber como líder de la comunidad. Además, llevaba caramelos en sus bolsillos, como lo hacía de costumbre, pues siempre los repartía a los indigentes o adultos mayores que se encontraba a su paso para sacarles una sonrisa, pues esa era una de sus misiones de vida. 

«Iba con sus vecinos para acompañarlos en la protesta y llevaba comida para todos. Manifestaban para exigirle al Estado venezolano una mejor calidad de vida y salir de la situación tan paupérrima en que nos encontrábamos. Mi esposo trabajaba en un supermercado y eso le permitió ver la miseria en la que estábamos sumergidos todos, las largas colas de gente, muchos viejitos, que tenían que hacer días de cola para comprar alimentos. Ese fue el detonante para salir a protestar», recuerda Olga González, esposa de Leonardo González.

Pero esa mañana los cuerpos de seguridad tenían órdenes de sofocar cualquier intento de expresión ciudadana en las calles. La presencia de organismos policiales y militares dominaba los espacios públicos, por lo que prontamente los manifestantes fueron reprimidos. «Más de 30 funcionarios llegaron disparando a la zona donde estaban ellos en el municipio Naguanagua. Allí había viejitos e incluso niños, todos salieron corriendo. Mi esposo se montó en su carro, pero se quedó rezagado para ayudar a un muchacho que se había quedado de último y era evidente que lo iba a agarrar la policía. Él lo montó en su carro y arrancó. La policía inició una persecución hacia ellos. Se unieron dos cuerpos policiales, la Policía Municipal de Naguanagua y la Policía del estado Carabobo, eran más de 30 funcionarios persiguiendo a un hombre que no estaba armado y a un muchacho de apenas 18 años. El carro fue abaleado por todos los lados, recibió más de 21 impactos de bala, y una de esas balas entró por la espalda de mi esposo».

Al verse herido, Leonardo González se bajó del vehículo, pidió ayuda pero le fue negada por los funcionarios policiales. «Mi esposo se sentó en la calle, les pedía a los policías que lo ayudaran y no lo hicieron. Mi esposo muere allí. Al joven que andaba con él se lo llevaron detenido, fue víctima de abuso policial».

El revuelo que tomó el caso movilizó en pocas horas a la Fiscalía General de la República que se trasladó a Valencia para iniciar las investigaciones. La Fiscalía Nacional de Derechos Fundamentales logró rápidamente la recolección de las evidencias, lo cual contribuyó a construir un expediente bien sustentado, y quedó designada para el caso la Fiscalía 35° del estado Carabobo.

«En las primeras 24 horas se identificó al autor material de los hechos y esa persona fue detenida. Seis meses más tarde fueron privados de libertad otros cinco funcionarios por el mismo caso y el 1° de junio de 2018 se entró en etapa de juicio, aunque con los tropiezos que implica llevar un proceso en tribunales en Venezuela. Pero cuando entró en escena el actual fiscal general, Tarek William Saab, empezó a retrasarse absolutamente todo en el proceso penal, diferimientos constantes, cambio de fiscales y de Fiscalía… La Fiscalía Regional del estado Carabobo dejó de asistir a las audiencias, por supuesto eso afecta el avance del caso. Recordemos que es trabajo de la Fiscalía servir de abogado mío ante el Estado venezolano que fue el responsable de la muerte de mi esposo».

Las afirmaciones contrastan con lo expresado por Tarek William Saab en transmisiones televisivas en las que ha asegurado que el caso ha avanzado. «Eso no es así, de hecho, el 18 de octubre de 2020 el juez Séptimo de Juicio del estado Carabobo, Ángel Aponte, anunció la interrupción del proceso por falta de continuidad de las partes, y que se iniciara un nuevo juicio. Eso se debió a la falta de traslado de los acusados, a la falta de presencia fiscal en las audiencias. El caso se interrumpió y prácticamente todo lo que se había avanzado se detuvo para empezar de cero a casi cuatro años del asesinato de mi esposo. Entonces ¿cómo puede decir Tarek William Saab que está haciendo justicia? Si yo puedo evidenciar lo contrario, tengo las pruebas, no es una conclusión que saco de mi imaginación, es algo que vivo y constato cada quince días cuando voy a la Fiscalía», afirma Olga González.

Los abogados de la defensa introdujeron una apelación sobre la interrupción del juicio; sin embargo, a siete meses de esa acción todavía no obtienen respuesta del tribunal. El nuevo juicio inició el 29 de abril de 2021, se han convocado a cuatro audiencias, de las cuales tres han sido diferidas por falta de traslado de los acusados.

Aunque los seis funcionarios policiales acusados por este caso permanecen detenidos están recluidos en comandos cercanos a su casa, «cosa que es absolutamente irregular, sobre todo porque hubo una sentencia de un tribunal de control que ordenó la reclusión en la Penitenciaría del estado Carabobo, conocido como Penal de Tocuyito, allí es donde deberían estar detenidos», alerta la esposa de la víctima. Además, recuerda que en una ocasión al salir de una de las audiencias al inicio del proceso judicial en el momento en que ella abordaba el vehículo para irse se topó de cerca con tres de los funcionarios acusados que deberían bajo custodiados y esposados.

«Introduje una demanda ante la Fiscalía Superior debido a ese hecho tan irregular y amenazante, porque sentí mucho miedo e indignación de ver cómo unas personas que debían estar privadas de libertad  estaban en la calle y se corría el riesgo incluso de que se fugaran. Eso sucedió porque sus custodios son los compañeros de trabajo de ellos, entonces cómo puedo tener la garantía de que realmente se está cumpliendo la privativa de libertad? Aunque eso ocurrió hace dos años a la fecha no tengo una respuesta de la Fiscalía por ese hecho.

Los hijos de Leonardo González están fuera del país desde hace años, pues Venezuela dejó de ofrecerles la calidad de vida que necesitaban. En esos días, ellos al igual que la mayoría de los venezolanos que vivían fuera del país seguían la actualidad de las protestas a través de portales digitales y la prensa internacional. Y justamente fue revisando las noticias ese 27 de julio que se enteraron de la muerte de su padre.

«¿Sabes qué fue lo primero que me pregunté cuando vi a Leonardo tirado en el piso muerto? ¿Cómo le explico a sus hijos que está muerto? ¿Cómo le explicas a un hijo que su papá fue asesinado por el Estado venezolano que debió protegerlo? ¿Cómo les explicas que su papá recibió un disparo en la espalda sin ni siquiera estar armado? ¿Cómo les muestras a su papá en una urna a través de una videollamada?»

Como a las miles de familias que han perdido a algún miembro durante una protesta en Venezuela por exigir mejores condiciones de vida y un mejor país, la vida de Olga González cambió por completo tras la muerte de su esposo. Han sido cuatro años de idas a Fiscalía y tribunales sin descanso; se vio obligada a  cambiar de trabajo y también ha tenido que afrontar secuelas psicológicas. Este 5 de julio tuvo la oportunidad de transmitir un mensaje por video al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 47° periodo de sesiones, denunció la retraso procesal y la interrupción del juicio que han conllevado a la impunidad en este caso; exigió a la Alta Comisionada Michelle Bachelet que sea más contundente en su exigencia al Estado venezolano para que cumpla sus recomendaciones e incluya a la cadena de mando responsable de la represión en el proceso judicial. 

«Aunque me he visto muy afectada he ido avanzando con el propósito de lograr justicia a como dé lugar, bien sea a nivel nacional o a nivel internacional, porque no voy a permitir que quede impune el caso de mi esposo que fue un hombre honorable, un payaso de hospital que salía de la casa con su nariz de payaso y caramelos para llevar sonrisas a los demás, un hombre que lo entregó todo por su país y no merecía morir de esa manera. Pero en Venezuela no creo que vaya a lograr justicia, hasta ahora lo que he conseguido han sido tropiezos y retrasos». «En 2017 muchos venezolanos murieron, venezolanos valiosos, todos salieron a protestar porque querían un país diferente y no vivir la miseria que vivimos, merecemos tener agua, tener luz, merecemos tener gas, salud y los servicios básicos, nadie tiene que morir a tiros por pedir eso… Mi esposo era un hombre extraordinario, cuando le revisaron el carro mientras él yacía en el piso lo que encontraron fue alimentos para repartir, y cuando le revisaron el cuerpo ¿sabes qué tenía en los bolsillos? Tenía caramelos también para repartir ¿Tú crees que una persona que lleva caramelos en sus bolsillos tiene la intención de agredir a otro?»

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