Corte-IDH condenó al Estado por desviación de poder a través de la Lista Tascón

La sentencia correspondiente al caso “Rocío San Miguel y otras” determinó que se violaron los derechos a la participación política, al trabajo y a la libertad de expresión. El máximo tribunal hemisférico ordenó medidas de reparación de los daños causados, entre ellas la investigación, enjuiciamiento y sanción de los hechos para que no queden impunes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró al Estado venezolano responsable de la violación del derecho a la participación política, al trabajo y a la libertad de expresión de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Coromoto Peña, quienes fueron despedidas de sus empleos en el Consejo Nacional de Fronteras luego de avalar con sus firmas el fallido referéndum para revocar el mandato presidencial del fallecido Hugo Chávez Frías en 2004.

En forma expresa, el máximo tribunal hemisférico determinó que la llamada Lista Tascón, elaborada por el dirigente oficialista Luis Tascón, fue un mecanismo de desviación de poder y de discriminación política.

“En el año 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron la realización de un referendo revocatorio al entonces Presidente Hugo Chávez Frías, que contó con más de 3 millones de firmas de respaldo. Antes de que el Consejo Nacional Electoral validara dichas firmas, el Presidente Chávez comisionó al diputado Luis Tascón Gutiérrez para que recibiera copias certificadas de las planillas. Los datos de los firmantes fueron publicados en una página web (luistascon), acusando a los firmantes de participar en “un megafraude”. Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales internacionales y venezolanas documentaron denuncias de despidos y represalias a funcionarios que formaban parte de esta lista”, recordó la Corte-IDH a través de un comunicado.

También se recordó que “el referendo se dio en un contexto de alta inestabilidad y polarización política, caracterizado por un clima de intolerancia a la disidencia. Por tanto, resulta evidente que la publicación de la identidad de los firmantes en la ‘‘Lista Tascón’’ tenía fines intimidatorios, que buscaban desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas. Esto favoreció el ambiente de persecución política y discriminación contra los opositores del gobierno”.

El 1 de febrero de 2004, el directorio del CNE autorizó al Comando Maisanta, cuyo representante era el diputado Luís Tascón, a fotocopiar todas las planillas entregadas por la oposición. La foto fue tomada diez días después | Foto: Venelogia.com

En su sentencia, la Corte-IDH enfatizó que el derecho a solicitar y participar en un procedimiento revocatorio es un derecho político protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y que en una sociedad democrática nadie debe ser discriminado por sus opiniones políticas o por ejercer legítimamente derechos políticos.

El fallo dictado el 8 de febrero de 2018, pero divulgado este miércoles 30 de mayo establece: “Firmar para convocar a referéndum es manifestar opinión política y las víctimas fueron objeto de discriminación política como retaliación por esa expresión  (restricción directa a libertad de expresión, 13 Convención Americana); además el Estado violó el derecho a participación política (23.1) y el derecho al trabajo (26), todo en relación con el principio de no discriminación; así como falta de acceso a la justicia (8 y 25)”.

El caso fue presentado ante la Corte-IDH el 8 de marzo de 2016. Antes de que se hiciera efectiva la denuncia del Gobierno contra la Convención Americana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana admitió el caso número 12.923, interpuesto por San Miguel.

La Corte-IDH ordenó diversas formas de reparación de los daños causados y destacó “aquellas destinadas a adoptar las medidas necesarias para que los hechos relevantes de desviación de poder no queden en impunidad”.

Para Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la sentencia publicada por la Corte establece, por primera vez, estándares sobre la práctica de represalias por opiniones políticas  para Venezuela y otros países”.

 

Fuente: http://proiuris.org/?p=49201