Diario Nuevo Día redujo su tamaño cuatro veces en mes y medio

Con el traslado de aproximadamente 2.000 detenidos de la cárcel 26 de Julio, adyacente a la Penitenciaría General de Venezuela y de retenes policiales de diferentes regiones del país, los pranes de la PGV de San Juan de los Morros, estado Guárico, aspiran a obtener más de 19 millones de bolívares mensuales por el cobro semanal de lo que ellos denominan la “causa”, que es una vacuna que cobran a los reclusos por su estancia en el penal.

Antes de que se produjeran los traslados de aprehendidos en retenes de Poliguárico, de la subdelegación del Cicpc de El Paraíso, de Caraballeda, estado Vargas, y de otras comisarías, el cobro mensual de esa “causa” en la PGV ascendía a 14,95 millones de bolívares, de acuerdo con un informe emanado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Cada preso de la PGV debe cancelar semanalmente 2.500 bolívares por su permanencia en la cárcel. Hay un cálculo de 2.900 reos en la Penitenciaría de San Juan de los Morros a los que se les suma 2.800 reclusos de la cárcel de Los Pinos, localizada al lado de la PGV, así como 290 mujeres del anexo femenino.

Al resumir los hechos ocurridos en los primeros días de agosto en el sistema carcelario del país, Humberto Prado, director general del OVP, aseveró: “Demostraron que el colapso es inminente y que el verdadero control de los penales lo tienen los privados de libertad”, en referencia a que el gobierno decidió resolver la situación accediendo a las peticiones de los presos.

Destacó que una irregularidad adicional de estos traslados consiste en que se hicieron sin la autorización de un juez: “El silencio que guardan las autoridades las hace cómplices de esta situación que incumple con todos los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos y tratamiento de las personas privadas de libertad”.

Al hacer un recuento de los hechos ocurridos este año en la Penitenciaría General de Venezuela, el OVP recuerda que los pranes tomaron como rehenes a tres sargentos y a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana porque no les permitieron pasar al penal las motos y los vehículos en los que se trasladaban las parejas de los cabecillas para la visita conyugal. Tras 40 minutos de haberse iniciado la toma de rehenes de los funcionarios, un capitán de ese componente accedió a la petición de los pranes y dejó pasar los vehículos. De inmediato los rehenes fueron liberados.

El informe del Observatorio refiere que el sábado pasado durante la toma de rehenes de empleados de la PGV –que comenzó el 1º de agosto– los pranes acordaron el ingreso de la visita luego de haber dialogado con un representante de la Defensoría del Pueblo y con José Vicente Rangel Ávalos, que sirvió de mediador.

El pago de la “causa” no solo ocurre en la PGV. Humberto Prado dijo que familiares de los presos de Tocuyito, estado Carabobo, denuncian que ese cobro también lo hacen en esa cárcel y que además deben cancelar un monto adicional por los traslados a los tribunales.

El miércoles de la semana pasada los reclusos de ese penal se declararon en huelga de hambre para exigir mejoras en la infraestructura, así como protestar por la insalubridad y el maltrato constante al que son sometidos por el director del recinto carcelario. Luego la huelga fue suspendida.

Fuente: El Nacional