Distintas ONG y Asociaciones de la sociedad civil se unieron en el evento “Unidos por los DDHH, acciones para enfrentar la crisis”

 

La adversidad no amilana a las organizaciones de derechos humanos venezolanas

Más de 75 ONG suscribieron un comunicado en el cual piden a la comunidad internacional que obligue al Estado venezolano a cumplir sus deberes democráticos y obligaciones en materia de derechos humanos. Afirman que las acciones de intimidación del gobierno de Nicolás Maduro lo que ha logrado es cohesionarlas aún más. El politólogo John Magdaleno advierte que los venezolanos se enfrentan a un régimen autoritario con sesgos de totalitarismo

 

“Unidos por los DDHH, acciones para enfrentar la crisis” fue el nombre del evento que reunió a representantes de más de 30 organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil para dar a conocer las acciones que están emprendiendo en el contexto de la crisis sociopolítica por la cual atraviesa Venezuela y debatir sobre el rol que les corresponde en la lucha por los derechos humanos y la defensa de la democracia.

 

En el encuentro 75 organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela suscribieron una carta abierta dirigida a la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos a realizarse este 8 de agosto de 2017, en la cual solicitan:

 

1) Exhortar al gobierno venezolano suspender la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, respetar el marco constitucional vigente y la independencia de los poderes, especialmente el Parlamento y el Ministerio Publico.

2) Reforzar el papel de los Sistemas de protección a los derechos humanos para que incida en la resolución democrática de la crisis venezolana, instando al gobierno a aceptar la visita tanto de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los de Naciones Unidas.

3) Instar al gobierno venezolano al anuncio y cumplimiento de un calendario electoral de los procesos comiciales pendientes establecidos en la Constitución Nacional, realizados según los estándares democráticos.

4) Exigir al gobierno venezolano el respeto a los derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, así como el de manifestación pacífica, deteniendo su criminalización, desactivación de grupos de civiles armados, el uso de la justicia militar contra civiles, la liberación inmediata de personas privadas de libertad por razones políticas y la investigación y sanción de las denuncias de violaciones de derechos humanos.

5) Exigir al gobierno venezolano el respeto y el cese inmediato de todo acto de persecución, intimidación o amenaza contra los activistas de derechos Humanos y miembros de las ONG que se han dedicado a denunciar y a registrar las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en nuestra nación.

6) Instar al gobierno venezolano a que acepte la cooperación internacional humanitaria que permita en un corto plazo mejorar el acceso de la ciudadanía a los alimentos y medicinas, reconociendo la gravedad de la situación de amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en situación vulnerable.

7) Continuar realizando las gestiones necesarias para que los diferentes países de la región asuman la crisis migratoria generada por los retrocesos en derechos sociales y políticos en Venezuela con estándares en derechos humanos.

8) Impedir la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumenten la crisis humanitaria existente en Venezuela.

9) Contribuir con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como con las instituciones del Estado que lo solicitasen, en el esclarecimiento de investigaciones que develen las conexiones de funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción, que han generado como consecuencia la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestra nación, así como garantizar el acceso a la información pública.

 

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, afirmó al terminar de leer el comunicado que las ONG del país permanecen unidas. “Reiteramos que la sociedad civil venezolana continúa sin descanso en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por el retorno de la democracia a nuestro país. A pesar de la gravedad de la situación actual de la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, la sociedad civil no se va a amilanar en la defensa de los derechos humanos. Más que un efecto intimidatorio, el gobierno lo que ha logrado es mayor cohesión entre los factores de la sociedad civil”.

 

Por su parte, Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, precisó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos han continuado de manera sistemática, así como la represión y las detenciones: “Más allá de eso, se está violando el derecho humano a la participación política y a la tranquilidad del pueblo venezolano. En ese sentido debemos reclamar a la conducción política que le dé un mensaje claro a la sociedad de las acciones que se van a realizar y de los planes que tiene desde el punto de vista político”.

 

Romero señaló los puntos de coincidencia entre las organizaciones no gubernamentales: serias dudas de la elección democrática de los constituyentistas y serias dudas de que ocurrió un fraude. “La Constituyente le está dando la espalda a la población, el Papa y más 50 países pidieron que se suspendiera; la ANC no es un reflejo de paz, se está creando una Comisión de la Verdad para perseguir la disidencia, lo que la ANC busca es atornillar a ciertas personas en el poder”. Añadió que otro aspecto en el que coinciden es en el rechazo a la represión, y en que todos admiten que siguen existiendo los problemas sociales y económicos que originaron las protestas.

 

“El foco es la libertad y el propósito es la conquista de esa libertad, y como canalizadores de la sociedad civil debemos exigir un mensaje claro a la conducción política del país”, finalizó Romero.

 

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela y en nombre de los firmantes del documento a los cancilleres de la OEA, denunció la actuación del Estado venezolano contra la Fiscalía General de la República, “institución que es vital para el trabajo que hacemos las ONG de derechos humanos y las organizaciones de desarrollo social. El Estado republicano no se cambia a través de procedimientos poco claros, antidemocráticos y sacados de debajo de la manga por quienes lo están proponiendo. La Fiscalía General es un poder público y es una herramienta para obtener justicia y que debe ser autónoma. Rechazamos ese cambio instrumental y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para no aceptar formalmente este cambio. Para nuestras organizaciones la fiscal general sigue siendo Luisa Ortega Díaz.

 

De Freitas añadió: “Vamos a seguir trabajando por el logro de nuestros objetivos, de nuestra misión a pesar de esta fragilidad institucional pues la democracia está cuasi perdida, vamos a seguir trabajando por nuestros derechos”.

 

Con respecto a la designación de Tareck William Saab como fiscal general de la República, la directora de Transparencia Venezuela, indicó que “una persona que fue señalada con una debilidad en la defensa de los derechos humanos precisamente por sus vinculaciones con el partido de gobierno, poco puede hacer al frente de la Fiscalía, pero además de eso no es menor la ruptura del procedimiento, las formas son muy importantes, nosotros no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente como el instrumento para cambiar el Estado ni para redefinirlo y tampoco para nombrar a las autoridades”.

 

 

Un régimen autoritario con sesgos de totalitarista

 

John Magdaleno, politólogo, profesor invitado del IESA y director de Polity, presentó su ponencia denominada “La Venezuela del período 2017-2018. Reequilibramiento del régimen o inicio de una transición política”, en la cual dejó claros conceptos políticos que ayudan a entender la situación actual.

 

Explicó que para caracterizar el sistema político en Venezuela hay que tener en cuenta nueve garantías procedimentales mínimas que deben cumplir las democracias, de las cuales en el país se han violado ocho:

 

  1. El control sobre las decisiones gubernamentales acerca de las políticas públicas está constitucionalmente conferido a los cargos públicos elegidos.
  2. Los cargos públicos elegidos lo son en elecciones periódicas e imparciales en las cuales la coerción es comparativamente poco frecuente.
  3. Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a votar en la elección de los cargos públicos.
  4. Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a concurrir como candidatos a cargos electivos e el gobierno.
  5. Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse sobre cuestiones políticas entendidas en sentido amplio, sin peligro a ningún castigo severo.
  6. Los ciudadanos tienen derecho a buscar fuentes alternativas de información, más aún las fuentes alternativas de información existen y están protegidas por la ley.
  7. Los ciudadanos tienen también el derecho de formar partidos políticos y grupos de interés independientes.
  1. Los cargos públicos elegidos popularmente deben ser capaces de ejercer sus poderes constitucionales sin estar sujetos a una oposición preponderante (aunque informal) de los funcionarios no elegidos.
  2. La entidad política debe ser autónomo, capaz de actuar independientemente de las restricciones impuestas por algún otro sistema político que la constriña. “Esta es la única que no se ha violado aunque hay cierta influencia de Cuba. Por lo tanto no se puede hablar de democracia”.

 

Entonces, ¿hacia dónde nos estamos desplazando en Venezuela? Magdaleno explicó a la audiencia que se trata de un régimen autoritario, aunque con rasgos totalitarios. “Hay vocación totalitaria, está presente esa mutación en el régimen político. El autoritarismo hegemónico es cuando el poder intenta consolidar los rasgos del autoritarismo restándole posibilidad al resto de los factores políticos, pero el totalitarismo hegemónico quiere más, quiere controlar el alma, lo que ve la población, lo que consume, su rutina, es cuando el modelo cristalizó, cuando la sociedad es completamente absorbida por el Estado”.

 

El politólogo puntualizó que las transiciones políticas no son el producto en sí, sino solo el proceso, el cual está caracterizado por tres fases: liberalización (desintegración del régimen autoritario), democratización (instauración de las instituciones democráticas) y socialización (una segunda liberalización en la que se establecen mecanismos políticos para impedir una regresión de lo alcanzado).

 

A su juicio, para lograr la transición es necesario comprender la complejidad esencial de lo que implica esa etapa, y que no solo depende de la voluntad estratégica de la oposición o de la sociedad civil, sino de los gobernantes autoritarios porque son ellos los que tienen en sus manos las garantías constitucionales que han violado y manejan discrecionalmente la restitución de esos derechos.

 

“El inicio de la transición está dado por la restitución de las garantías constitucionales de las autoridades violadas, pero debe ser una acción conjunta de todas las instituciones del Estado, no aisladas como lo intentó hacer la fiscal general”.

 

Explicó que un grupo de politólogos al cual pertenece ha estudiado 33 casos de transiciones hacia la democracia en el mundo (18 en América latina), de ellas 20 se dieron por pactos o negociaciones (61%).

 

Dinámica con las ONG

 

El evento fue la oportunidad propicia para que representantes de las ONG asistentes hablaran brevemente del trabajo que realizan y las acciones que adelantan en el contexto de la crisis actual en el país.

 

Avesa, organización dirigida a atender la violencia sexual, lleva un registro de los casos ocurridos durante la represión policial y militar de lo que denominó “pre-guerra”, trabajan en la documentación de las denuncias y en campañas de divulgación para que el problema sea más visibilizado.

 

Unión Afirmativa, orientada a la defensa de los derechos de las personas LGTBI, destacó que su labor se ha visto mermada por la falta de democracia, aunque persisten en su trabajo por la no discriminación. A esta organización le preocupa el discurso discriminatorio de autoridades y funcionarios gubernamentales hacia las minorías sexuales.

 

El Instituto Prensa y Sociedad, Ipys, se refirió a la seguridad física y jurídica para los trabajadores de la prensa, a los bloqueos a la libertad de expresión y comentó que ha adelantado una campaña de divulgación de protocolos de seguridad para la cobertura periodística, el cual están adaptando también a los medios digitales.

 

Cepaz, organización enfocada a la promoción de la cultura de paz en Venezuela, mencionó que en los últimos meses se ha enfocado a fortalecer aún más la articulación con las redes sociales con las que trabajan. También habló de la red Naranja, dirigida a la defensa de los derechos de las mujeres para una vida sin violencia.

 

Prepara Familia ilustró la grave situación que atraviesa el Hospital de Niños J. M. de los Ríos, el cual recibe una cantidad cada vez mayor de infantes desnutridos, además no tiene garantizada la alimentación para los neonatos de madres con VIH, no tiene antibióticos ni analgésicos, carece de equipos médicos funcionales y presenta áreas contaminadas que han conllevado a la muerte a varios niños en las últimas semanas.

 

Un grupo de personas del estado Lara que fueron detenidas en 2013 estuvieron presentes en el evento y pidieron a las organizaciones que defienden los derechos humanos no solo basarse en las cifras de la represión, sino enfocarse en las personas y sus testimonios.

 

Fundación Luz y Vida, que brinda asistencia legal, psicológica y educativa a los niños, las niñas y adolescentes, se refirió a cómo la crisis coarta y afecta a esta población y aseveró que la desnutrición compromete el desarrollo integral del futuro del país, pues los niños y jóvenes se ausentan de las escuelas por falta de comida. Dijo que es urgente que se declare la crisis humanitaria y defendió el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse.

 

Acceso a la Justicia afirmó que la Asamblea Constituyente es la formalización del golpe de Estado legislativo y que esta nueva instancia no tiene ninguna validez jurídica.

 

Cedice explicó la gravedad de la violación a los derechos a la propiedad y enfatizó la necesidad de explicarle a la comunidad internacional los detalles de la crisis humanitaria que afronta el país.

 

Sin Mordaza hizo un repaso por las acciones que ha promovido en el exterior como movilizaciones, vigilias, marchas, y su articulación con otras organizaciones para que los ciudadanos sientan que no están solos en su lucha por la democracia.

 

También intervinieron representantes de otras organizaciones como Redes, que denunció la presencia de grupos armados colombianos en las escuelas de Táchira; Defiende Venezuela, que llamó a las demás organizaciones a denunciar con más énfasis cada acto violatorio de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; asociaciones de educación que llevan un monitoreo de los jóvenes heridos, detenidos y fallecidos en las protestas para s respectiva denuncia; organizaciones orientadas a la vigilancia de las violaciones a los derechos políticos y sociales de las personas que reciben beneficios del Estado; grupos ambientalistas preocupados por las implicaciones del Arco Minero; Salud Táchira que mostró preocupación por la sistemática violación al derecho a la salud, entre otros.

 

Por: Crisis en Venezuela