Feliciano Reyna: En la emergencia humanitaria compleja el gobierno pierde la capacidad de entender qué le sucede a la población

 

Hay personas que se convierten en salvavidas, más en un país con una crisis prolongada y lacerante. En sus inicios como defensor de los derechos de la salud la misión de Feliciano Reyna estaba centrada en las personas con VIH/Sida y su entorno para quienes fundó, en 1995, la organización Acción Solidaria (Acsol) a través de la cual les ofrece atención integral. Pero con el deterioro institucional que ha sufrido Venezuela en los últimos y el surgimiento de la crisis humanitaria compleja que cada vez muestra sus consecuencias más atroces la labor de este defensor ha resultado imprescindible para millones de venezolanos con diversas condiciones crónicas de salud que no encuentran en el Estado respuestas para obtener sus tratamientos médicos. Además, Reyna se ha convertido en un referente para entender las dimensiones de la calamidad que vivimos.

―¿Considera que fueron correctos los términos utilizados en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en materia del derecho a la salud y el abordaje que tuvo en torno al problema sanitario?

Entendiendo que cada área afectada en materia de derechos humanos es amplísima en el ámbito de la salud están muchos aspectos aunque uno sabe que no puede estar toda la gama de las situaciones y de afectación. Sin embargo, es muy importante que en el documento esté reflejada la Emergencia Humanitaria Compleja, y nosotros consideramos que en efecto tiene su lugar relevante en el informe pero, de nuevo en una situación de tal magnitud, de tal dimensión de daño, el documento tendría que ser casi un libro si quisiera reflejar esos daños en cada derecho humano.

―¿Cuáles serían los aspectos que el equipo que la Alta Comisionada dejó en Venezuela debería seguir indagando, profundizando?

Todo lo que ha ido apareciendo, que es además producto del trabajo de la sociedad civil local, del sistema en general de salud pública, de la infraestructura, la falta de equipamiento, servicios, fallas en el flujo eléctrico, corrupción, lo que está en la raíz de esos problemas. Por ejemplo, en un momento dado cuando empezó la gestión del ministro Jesús Mantilla (2007-2009) que fue el primer ministro militar, él tuvo aquella idea de remodelar al mismo tiempo más de 50 hospitales, y lo que hizo fue convertir en una de esas máquinas de recursos que se fueron a manos privadas y que no terminaron en obras no realizadas. Cuando se mira el terreno de la salud hay áreas a las que se debe entrar con mucha más profundidad y también, como en otros ámbitos de derechos humanos, llegar a los responsables tanto en lo que se refiere a las obligaciones en materia de salud específicamente como en aquellas que tienen que ver, y que sí lo dicen los informes, con la obligación que tendría el presidente Nicolás Maduro en movilizar la cooperación internacional, porque tiene todos los recursos a su alcance, incluidos los de la cooperación internacional, que no han sido movilizados en la dimensión que hace falta.

―En vista de la magnitud de ese daño ¿cuáles considera que deben ser las acciones más inmediatas que se deben tomar?

Para poder atender a una mayoría de la población en necesidad habría que dotar de equipos generales, laboratorios, reactivos, revisar la situación del personal de salud, infraestructura, servicios de agua y electricidad en unos 80 hospitales de más de 270 que hay en el país. Eso sería un trabajo prioritario que permitiría brindar atención a un porcentaje de la población, que está alrededor de 80%.

―¿Y el Estado tiene capacidad de hacer eso?

Realmente no. En este momento ni siquiera con un cambio de gobierno con un equipo que verdaderamente tenga entre sus intenciones dejar de causar daño a la población y movilizar de nuevo todos los recursos a su alcance para socorrer a la población. Tendría que ser una inversión muy importante, pero no parece ser inalcanzable, lo que se requeriría es tener la apertura, la capacidad para convocar a la comunidad internacional, no hay manera de hacerlo con recursos propios, hay que recurrir a la comunidad internacional y hay maneras de hacerlo.

―¿La ayuda que ha llegado de manera graneada realmente ayuda con el problema, tanto de la algunos organismos como la de iniciativas de la sociedad civil?

Es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento ya no tiene capacidad alguna para dar las respuestas que hacen falta en materia de salud, de alimentación y nutrición. Va quedando claro cuando no acepta el problema, como quedó evidenciado en la exposición de la representación del gobierno de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando dijo: “En Venezuela no hay crisis humanitaria”. Eso lo dijo textualmente y así no hay manera de resolver, porque la primera cosa que hay que hacer es reconocer la crisis humanitaria. El representante de Maduro dijo: “Padecemos problemas económicos consecuencia de diversos factores, pero en Venezuela no hay una crisis humanitaria”· Lo primero que el gobierno de Maduro debería decir es: “Estamos en una emergencia humanitaria, necesitamos apoyo de la comunidad internacional” para que movilice todos los recursos que tiene a su alcance para apoyar a la población. Y los recursos no son solo económicos, también son en personal, en plantas eléctricas, etcétera, pero eso requiere que alguien en el manejo de las riendas del Estado reconozca que no pueden solos y que la situación es de tal gravedad que hace falta ayuda.

―Las organizaciones de derechos humanos tienen desde 2015 advirtiendo la emergencia humanitaria, pero en lugar de ser escuchados la situación se agudiza cada vez más. ¿Qué es lo más grave que ha cometido el gobierno con la crisis de salud?

Ya son muchos años de destrucción de todos los mecanismos, instituciones que no permiten que la población esté protegida por el Estado. Desde las expropiaciones, o apropiaciones, de tierras productivas que terminaron en terrenos baldíos, de empresas productoras de alimentos… Y cuando además de eso van destruyendo el sistema de justicia de manera que si vas a reclamar no hay respuesta, acabaron con el Estado de Derecho, al final es una combinación de factores, por eso es que se llama Emergencia Humanitaria Compleja, porque no es un aspecto o una parte, sino todo un conjunto de hechos en lo político, en lo económico y en lo social y ambiental, que lleva a este nivel de daño. La emergencia humanitaria compleja se va instalando lentamente y al final una de las características en ese contexto es que el gobierno pierde la capacidad de negociar con la población, de dialogar, de entender qué es lo que le sucede y poner correctivos. Hay una especie de atrincheramiento en el poder que lo separa de las necesidades de las personas.

―¿Cómo afecta a la población la falta de acceso a la justicia en materia de salud?

Por ejemplo, en 2017 nosotros llevamos a una persona con hemofilia, con graves daños, irreparables, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, esta es la fecha y no han respondido. Estamos hablando de dos años. En 2018 llevamos casos de personas con VIH, unas 364 si no estoy equivocado, y tampoco se ha recibido respuesta de un sistema que se supone que está allí para proteger a la población. La instancia que sí ha respondido ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares y esa es la razón por la que presentamos nuestro texto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues la población venezolana no tiene dentro del país instancia que la proteja y tiene que acudir a instancias internacionales.

―Una de las iniciativas que han surgido de la comunidad internacional son los campamentos en las fronteras. ¿Considera que es una medida acertada y está de acuerdo en cómo se maneja el tema de la ayuda humanitaria pese al bloqueo del gobierno a la entrada masiva de medicinas y alimentos?

Para que haya una respuesta humanitaria como la que hace falta se necesita una apertura muchísimo mayor, tendría que ingresar ayuda de forma masiva, no nos parece que es buena la idea de, por ejemplo, lo que se hizo en frontera el 23 de febrero de intentar romper una brecha que no iba a darse. En este momento, sin duda, hay un inmenso esfuerzo por parte de la sociedad civil, desde proyectos para atención en salud, como los que tiene que ver con distribución de alimentos que son fundamentales; organizaciones humanitarias también están llegando, todas con sus obstáculos entrando lentamente; están trabajando agencias de Naciones Unidas, pero uno de los problemas graves es que estamos avanzando de acuerdo con nuestras capacidades que son limitadas. Si hubiera una apertura del espacio humanitario pudiéramos plantear: “Esta es mi capacidad, pero la necesidad es de este tamaño”, entonces podríamos armar la respuesta para responder a la necesidad y no para limitarla a la capacidad actual.

―En ese contexto, ¿qué actividades está realizando Acción Solidaria y cuál es su capacidad?

Acción Solidaria está entregando en este momento unos 15.000 tratamientos por mes a través de nuestro centro en Caracas y organizaciones aliadas en el terreno. Esos tratamientos son para pacientes con condiciones crónicas que incluyen hipertensión, diabetes y otras más complejas como personas con trasplantes de órganos, esclerosis múltiples, parkinson… Si sumamos a la gente que necesita esas medicinas, sobre todo por hipertensión y diabetes que es lo más prevalente, estamos hablando de unas 10 millones de personas. Pero más allá del esfuerzo que pueda hacer Acción Solidaria y otras organizaciones maravillosas que estamos trabajando en el país con gran apoyo del exterior eso no suficiente, las limitaciones en la capacidad se cuentan en pérdidas de vida, en daños irreparables. Una persona con hemofilia que no recibe su factor de coagulación termina con las articulaciones dañadas, vemos niños de 12 o 13 años con discapacidades. El daño en el que nos encontramos causa mucha frustración y angustia. Muchas veces nos decimos: “Caramba, podríamos hacer tanto más”, pero hacemos lo que podemos hacer.

―¿Cuáles son algunos de los obstáculos para hacer llegar la ayuda que sí está llegando o intentando que llegue?

En estos momentos hay problemas para distribuir en los caminos del país, hay alcabalas, guardias nacionales, Ejército, que sobornan, que argumentan que no se tiene el permiso para trasladar esa ayuda aunque lleves cartas de donación; hay presencia de grupos irregulares violentos; si se busca llegar a zonas más remotas, como las indígenas, hay dificultades de transporte aéreo y hay comunidades a las que solo se les llega por aire o por vía fluvial y entonces resulta que el combustible está en manos de mafias… son tantos factores. Para beneficiar a un número grande de personas como las que haría falta en el país se necesita de un espacio más abierto. Por ahora, vamos a seguir viendo también la crisis de refugiados que probablemente sumen uno o dos en un plazo no muy largo a los 4 millones ya reconocidos por Acnur.

―Y esas personas que emigran en busca de atención médica en campamentos y refugios también afrontan riesgos…

Los campamentos no tienen capacidad suficiente, pero además el solo cruce de fronteras para llegar hasta ellos te pueden hacer víctima de quienes trafican con personas, de quienes llevan personas para someterlas al trabajos sexual, al trabajo forzado… más todas las penurias entre hambre, frío, llegar a una frontera que está cerrada porque no hay una política regional para atender a las personas que se ven forzadas a salir de Venezuela.

―Pero en el último año ha habido innumerables reuniones de alto nivel entre Estados que han llegado a la firma de acuerdos para facilitar el tránsito y recepción de migrantes venezolanos. Sin embargo, últimamente en la práctica parece que en vez de avanzar se ha retrocedido. ¿Qué habría que hacer?

Básicamente hay que asumir la responsabilidad de protección que tienen de personas que salen de Venezuela no por su propia voluntad, sino porque aquí no sobrevivirían. Entonces, tiene que haber una posibilidad de adoptar medidas regionales. En nuestro documento leído ante el Consejo de Derechos Humanos una de las tres peticiones que hicimos frente a la región fue precisamente esa: exhortar a los Estados de acogida de migrantes forzados y refugiados provenientes de Venezuela a que unifiquen políticas y prácticas que les brinden verdadera protección internacional. Pero eso no ha pasado.

―¿Cómo evitar politizar el tema de la migración y la crisis humanitaria compleja?

Es difícil porque estamos en medio de un gravísimo conflicto de orden político que está en la raíz de todos los daños que se están viviendo en el país. Hay un régimen que hace mucho tiempo dejó de implementar las políticas de protección a la población y solo está aferrándose al poder por la vía de la coerción y la fuerza. En frente hay todo un proceso de la sociedad, no solamente de partidos o de una institución con la legitimidad de la Asamblea Nacional que está exigiendo cambio urgente, un viraje a esta situación de tanto daño, y es difícil que al referirse a la situación humanitaria no la manipulen políticamente. Pero también tienen un papel las cabezas de Naciones Unidas más allá de la Alta Comisionada que son: el coordinador de Socorro en Emergencias, Mark Lowcock, otra persona de alto nivel en lo humanitario y el Secretario de Naciones Unidas, António Guterres. Eso podría ayudar a que cualquier tentación de manipulación política y de daño por lo menos se diera en la menor dimensión posible. Nosotros no hemos visto al Secretario General implicado, como podría, pues solo dice algunas cosas, pero pensamos que podría hacer más.

―Después del informe de la oficina de la Alta Comisionada, ¿qué sigue en el plano internacional?

Están dos solicitudes importantes: la instalación formal en Venezuela de una de un Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, seguiremos abogando por eso, pues da una presencia formal no solo como en este momento de solo dos personas que, esperamos, puedan cumplir con su mandato de apoyar en los temas de acceso a la justicia y de la Comisión contra la Tortura, sino también en la documentación para que continúe. También estamos abogando por una Comisión Internacional de Investigación que tendría un mandato distinto y convive con la idea de una oficina en Caracas de la Alta Comisionada, pero tendría un mandato distinto que sería en ciertas áreas acotadas hacer una investigación exhaustiva que arroje un informe sobre la situación de país, señale responsabilidades individuales de manera de que los daños causados no queden impunes.

―¿Cómo define el estado de salud de Venezuela?

En nivel crítico. Sin que yo conozca la terminología médica uno podría imaginar el país como alguien que está sufriendo una situación gravísima que si no es atendida en una unidad de emergencia y cuidados intensivos va a perder la vida. De esa desestructuración tan profunda y tan extendida del sistema de salud pública las consecuencias se están midiendo en vidas y en daños irreparables, porque no es solo quien muere y pudo haberse evitado sino, por ejemplo, alguien con un ACV que no tuvo medicinas y queda con discapacidad, la familia de esa persona cuando tiene al paciente en cama y no consigue o no puede pagar los pañales, no tiene la alimentación adecuada ni el colchón antiescaras, es una suma de gravedades, una sobre la otra, que no podríamos definir sino por su nombre: una emergencia humanitaria que requiere respuestas acordes con el daño gravísimo que sufre la población en ese contexto.

¿Y cómo se siente con esto como defensor de derechos humanos?

Por un lado siento una inmensa preocupación, no dejo de sentir frustración, mucha rabia y gran preocupación porque el daño lo vemos a diario y hay un cierre absoluto, un “no oigo, no veo, no digo” por parte de quienes tienen responsabilidad en un Estado que está muy deteriorado y podría abrir las puertas para una respuesta humanitaria pero no lo hace. Sin embargo, en toda la documentación de lo que han sido estos agravios a la población venezolana, esa documentación es, al mismo tiempo, una memoria de una sociedad que no se rinde, que no solo sigue peleando por su libertad, por la democracia, por los derechos humanos en su conjunto, sino al mismo tiempo implementando iniciativas en el exterior y dentro del país para tratar de ayudar, brindar socorro, apoyo, posibilidades de resiliencia. A medida que uno va viendo cómo el propio programa de Acción Solidaria va creciendo, uno dice “Esto es increíble, qué cantidad de gente buena con determinación, con tenacidad, está regada por el país resistiendo a esta sombra que se nos ha querido imponer.

¿Cómo quisiera que terminara 2019?

Con un camino muy claro, ojalá una ruta de solución al conflicto político, unas negociaciones avanzadas que tengan metas y tiempos claros y que puedan desembocar en una expresión de la población de manera libre, con mecanismos justos en torno a cómo queremos que sea nuestro futuro próximo y no tan próximo. Por otro lado, anhelaría una expansión de la respuesta humanitaria porque es la manera de salvar vidas, de evitar más daños e incluso tratar de impedir que más personas sientan que la única salida posible es por las trochas, por las fronteras y que encuentren posibilidades dentro de Venezuela.