Inti Rodríguez, defensor de DDHH de Provea: Estamos frente al gobierno venezolano más violador de derechos humanos desde 1958

Por: Crisis en Venezuela

 

Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han permitido a la opinión pública conocer de voz de sus propias víctimas relatos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso pese a la prohibición de hablar a los medios de comunicación impuesta por el gobierno a la mayoría de ellos. Además, casi paralelamente, han surgido contundentes informes dentro y fuera del país que concluyen, a partir de pruebas y testimonios, que el gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en prácticas sistemáticas violatorias a los derechos humanos, al punto de considerarlas crímenes de lesa humanidad.

 

Uno de esos informes ampliamente documentados lo presentó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1988. Su coordinador de Medios, Inti Rodríguez, tuvo a cargo el tema de Integridad Personal del capítulo de Derechos Civiles y Políticos. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, Rodríguez no duda en afirmar que desde su llegada a la organización, hace seis años, la situación de los derechos sociales, económicos y culturales en el país “ha dado enormes retrocesos”, aunque en materia de derechos civiles y políticos su percepción es aún peor: “Estamos frente al gobierno más violador de derechos humanos desde 1958, e incluso en lo cuantitativo creo que es peor que la dictadura de Pérez Jiménez”.

―En el Informe Anual que presentó Provea recientemente señalan que en 2017 hubo 101 víctimas de tortura en Venezuela. ¿Cómo llegaron a esa cifra, en qué contexto se dieron esos abusos?

Todo lo que aparece en el informe proviene de varias fuentes: monitoreo de la prensa durante todo el año, trabajo de campo junto a otras organizaciones, denuncias que llegan a nuestra organización. 101 víctimas de tortura es una cifra alta, así como todas las demás que registra el informe, pero aun así existe un subregistro porque hay muchas personas que no se atreven a denunciar por temor a las consecuencias, a la intimidación y también porque en nuestro caso no tenemos la capacidad para documentar todos los casos como lo tendría un organismo oficial. La mayoría de los casos de tortura que registramos en el informe se dieron en el contexto de las manifestaciones, de eso que en Provea llamamos “la rebelión popular de 2017”, en detenidos por haber participado en las manifestaciones y en personas detenidas de manera selectiva por razones políticas. Algunos de los casos que están saliendo a la luz pública como el del Juan Pedro Lares (hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida) o Vilca Fernández, ellos en su propio testimonio están reiterando esas denuncias que se habían haciendo desde el año pasado y también se ha evidenciado que las torturas que sufrieron ocurrieron en un período de tiempo prolongado.

 

―¿Encontraron algún elemento diferenciador con años anteriores?

Un elemento importante que marca una diferencia, no solo en el caso de torturas sino de violación a la integridad personal en general, es que hay un nuevo actor que cada vez adquiere más protagonismo en los abusos, y son las organizaciones paramilitares. En los cinco subpatrones que abordamos: tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, heridos, allanamientos ilegales, amenazas y hostigamiento (sobre todo contra dirigentes políticos y activistas) 28% de los casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares, su actuación ha incidido fuertemente en el aumento de las cifras de estas violaciones.

 

¿Qué patrones de tortura detectaron?

En el testimonio de Lares él relata que fue rociado con gasolina, recibió golpizas y descargas eléctricas, son los tres principales tipos de torturas que se cometen, pero además hay un patrón preocupante en la comisión de tratos crueles e inhumanos, y es el delito de violación sexual contra detenidos, en 2017 se registraron 16 casos no solo de detenidos durante las manifestaciones, sino de personas aprehendidas en otros contextos, ya no es tortura para obtener una confesión, sino un acto dirigido a destruir desde el punto de vista moral y físico a la víctima, esa es una de las formas de actuación que ha tenido un incremento y que es una preocupación para nosotros porque el año 2016 registramos 4 casos y en 2017 la cifra se cuadriplicó en nuestro registro que, como repito, tiene un subregistro importante.

 

―Estos abusos ocurren cada vez con más fuerza pese a que, paradójicamente, en Venezuela existe una legislación de 2013 promovida por factores del gobierno para prevenir y condenar estos actos

Ley Especial para prevenir y sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes fue promovida por Tareck William Saab y Alfredo Ruiz, actual defensor del Pueblo que en ese momento estuvo al frente de la Red de Acción por la Justicia y la Paz, una organización no gubernamental que, entre sus líneas de trabajo, llevaba el tema de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Él participó en la redacción de esa ley junto con Tareck William Saab que la asumió como una bandera, luego cuando llegó a la Defensoría promovió la creación de la Comisión Nacional contra la Tortura, que era un mandato de la ley y tenía como objetivo ayudar en la rehabilitación de víctimas y promover en los cuerpos policiales y militares la educación para evitar la comisión de tortura.

 

Pero es irónico que justo a partir de ese entonces es cuando se han cometido más violaciones de este tipo y la tortura en Venezuela ha tomado cuerpo

Eso ha ocurrido por el aliento a la represión y la militarización de las labores de seguridad ciudadana; esa ha sido la respuesta del gobierno a la conflictividad social y a la inseguridad, en el caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), es una respuesta bélica que responde a la tesis del enemigo interno y externo, y a partir de la consolidación de esa tesis y de la doctrina de seguridad nacional el gobierno da una respuesta militar basada en el uso excesivo de la fuerza. Es decir, una protesta en Venezuela no es la expresión de un grupo de ciudadanos que está en la calle exigiendo sus derechos establecidos en la Constitución, sino que son vistos como enemigos del Estado que participan en una conspiración. Ese es el discurso al que recurre el gobierno para estigmatizar al que protesta y a quienes viven en los barrios, y eso sin duda alguna alienta la comisión de abusos.

Lo lógico sería que quienes promovieron y participaron en la creación de esta ley fuesen garantes de su cumplimiento…

Pero no ha sido así, y cuando ocurren los casos y salen a la luz pública ambos funcionarios han guardado silencio; por ejemplo, cuando comenzaron las OLP Tareck William era defensor del Pueblo y Alfredo Ruiz era el segundo al mando, y de ninguno de los dos hubo pronunciamiento sobre esos hechos, que no eran sólo ejecuciones extrajudiciales, sino masivos allanamientos ilegales, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y lo que ocurre hoy día con la gestión de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo es vergonzoso porque guarda silencio absoluto ante una cantidad de situaciones graves que se han denunciado desde que él es defensor. Con eso se convierte en cómplice no solo de la impunidad, sino de la comisión de esos delitos.

 

En 2014 el Estado venezolano se comprometió con el Comité contra la Tortura a investigar y castigar los abusos cometidos durante las protestas de ese año, pero no solo ha incumplido sino que estas prácticas continuaron

En octubre de 2014, luego de las protestas de ese año, el Estado venezolano compareció ante el Comité contra la Tortura por el examen periódico que se realiza para revisar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y allí se le hicieron un conjunto de observaciones al Estado en materia de tratamiento al recluso, de seguridad ciudadana y control del orden público. Se le recomendó que debía revertir la militarización de labores de seguridad ciudadana y sustituirlas por políticas civilistas en materia policial para evitar el uso excesivo de la fuerza en el manejo del orden público. Pero nada de eso ocurrió, por el contrario, desde ese año hasta la fecha se han creado por lo menos 10 instancias militarizadas, entre ellas la fuerza de choque, la OLP, el Plan Zamora, instancias dirigidas a fortalecer la respuesta bélica ante la conflictividad social y eso ha permitido una escalada de denuncias de tratos crueles y todo tipo de abusos contra las personas por violaciones del derecho a la vida. Y una recomendación muy importante que hizo en esa oportunidad es que si bien la ley venezolana contra la tortura constituyó un avance debía armonizarse con los contenidos de la convención internacional, que señala como responsables de actos de tortura a policías o militares pero también a agentes no estatales; es decir, grupos paramilitares en el caso venezolano. Y es que si estos grupos están cometiendo violaciones a los derechos humanos y reforzando la acción represiva de los cuerpos policiales y militares deben incorporarse a la ley. Pero el Estado no solo no atendió la recomendación, sino que en 2017 un alto porcentaje (28%) de esos abusos fue cometido por estos grupos. Otro aspecto importante de ese examen periódico fue que en el lapso de un año (octubre 2015) el Estado venezolano debía entregar un informe sobre los avances en el cumplimiento de esas recomendaciones, pero hasta el día de hoy no ha informado absolutamente nada y más bien todas esas advertencias se han agravado.

―Ante el aumento de los casos pese a las advertencias de organismos de protección de derechos humanos, ¿qué le queda a la víctima si no hay acciones institucionales que frenen y castiguen estas violaciones?

Seguir denunciando aunque no haya respuesta por ahora, seguir de la mano de las organizaciones de derechos humanos para elevar estas denuncias a los órganos internacionales de protección porque ninguna de esas situaciones o crímenes prescribe, además porque esta desinstitucionalización no durará para siempre. Cuando Venezuela recupere el Estado de Derecho las personas responsables de esos crímenes serán juzgados, no es una aspiración inalcanzable, ya ha ocurrido en Chile, en Perú, en Argentina, en los países de AL que han pasado por situaciones de gobiernos autoritarios y violaciones a los DDHH y Venezuela no será una excepción. Acá lo clave es documentar todo lo que está ocurriendo y es lo que hemos venido haciendo las organizaciones.

 

―Organizaciones nacionales e internacionales afirman que las torturas y tratos crueles en Venezuela se han convertido en un patrón sistemático contra un sector de la población. ¿Hay una orden explícita del presidente, ministros o jefes policiales y militares de torturar y aplicar tratos crueles y degradantes a los detenidos?

 

La orden es su discurso de deshumanización del adversario, de quien está en la calle exigiendo derechos, y eso abre las puertas a que se cometan todo tipo de abusos. Por ejemplo, en el caso de heridos en las protestas de 2017 la actuación clara que se convirtió en un patrón recurrente fue ocasionar el mayor daño posible, vimos que las lacrimógenas no se usaron para dispersar las manifestaciones, sino que las lanzaron de manera horizontal a quemarropa causando muertes como la de Juan Pablo Pernalete, también las lanzaron desde helicópteros; en el caso de las municiones supuestamente no letales como los perdigones de goma los llenaron con tuercas y metras. Si esos excesos no tienen una sanción, si no hay una investigación a funcionarios involucrados, tanto responsables materiales como altos mandos, eso se convierte en una espiral que propicia la ocurrencia de nuevos hechos, pero si incluso esos funcionarios son premiados por el propio gobierno sin duda alguna allí hay una clara evidencia de que esos tratos se convierten en una orden que no es expresa. La impunidad promueve estos actos.

 

―¿Qué cree que le ha ocurrido a esos policías o militares para ser capaces de infligir tanto daño a otro conciudadano?

Son 20 años de escuchar el discurso de deshumanización del contrario y eso ha hecho su efecto tanto en las Fuerzas Armadas como en los organismos policiales; pero además hay otro elemento y es que en ocasiones han sido sancionados funcionarios que cuestionan una orden de reprimir, incluso está el caso de un grupo de la Policía Nacional Bolivariana que intentó proteger a unos manifestantes de los paramilitares y fueron destituidos, eso genera un efecto importante en el resto del componente. Y no es solo frente al tema político, sino que también ocurrió durante las OLP, los funcionarios llegaban a las casas que allanaban y robaban alimentos, enseres, productos personales y lo que no podían robar lo destruían, eso demuestra el desprecio por el otro. En 2017 durante el allanamiento al conjunto residencial Los Verdes, en El Paraíso, destruyeron propiedad privada, se llevaron detenidas a muchas personas y hasta mataron un perro con la finalidad de generar zozobra y demostrar superioridad y poder con recurriendo a la brutalidad, eso es una práctica de terrorismo de Estado para paralizar a la sociedad.

 

En el caso de las OLP ¿qué hizo el gobierno para atender las denuncias de abusos en los procedimientos más allá de colocarle la letra h al nombre del operativo pretendiendo que con eso lo humanizaría?

Ese operativo arrancó generando un gran impacto propagandístico y mediático, el gobierno lo vendió como una medida para resolver la inseguridad pues en 2015, cuando surgió el operativo, la primera preocupación de los venezolanos era el tema de la inseguridad a la par de la situación económica, y como para ese momento el gobierno no tenía nada que ofrecer para atender el problema económico lanzó esta medida efectista de las OLP para dar la sensación en la ciudadanía de que estaba haciendo algo. Valiéndose de eso el gobierno ofrecía a diario un parte de guerra de cuántas personas había detenido, cuántas viviendas allanadas, cuántas personas ultimadas, etcétera, pero con el tiempo eso se les fue revirtiendo porque empezaron a salir a la luz pública los abusos y la inefectividad del plan; las ONG empezamos a trabajar en la denuncia y acompañamiento a las víctimas y la fiscal Luisa Ortega asomó su preocupación por la actuación policial y militar. Ante esto Maduro le incorporó la letra h al nombre del operativo para hacerlo ver “humanista”, modificó su patrón de actuación en vista del gran costo social y político que le estaba significando y se transformó de un operativo de detenciones y allanamientos masivos y asesinatos en la categoría de masacres, por la gran cantidad de muertos, a uno de procedimientos selectivos en los que los policías iban directamente a ejecutar a personas identificadas como supuestos miembros de bandas delictivas, pero también empezaron a llegarles a los familiares para acosarlos o eliminarlos, era una especie de venganza, de limpieza que aplicaban contra ellos, eso suscitó el fenómeno de los desplazamientos urbanos, pues las personas se vieron obligadas a abandonar sus casas. Entre julio de 2015, cuando comenzaron las OLP, hasta enero de 2017 Provea registró 512 víctimas por este operativo, pero a medida que avanzaron las protestas en 2017 el esfuerzo policial se trasladó a la represión y las OLP se dejaron de lado y se le entregó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), encabezadas por paramilitares, colectivos, la responsabilidad de esos procedimientos selectivos de ejecución de personas. Algunas de las actuaciones más notorias de la actuación de las FAES son, por ejemplo, el caso de Oscar Pérez y el asesinato de un importante ganadero en la población de Rubio, estado Táchira, a manos de miembros del anillo de seguridad de Freddy Bernal. Y son precisamente las FAES las que ahora encabezan las listas de violaciones del derecho a la vida, según las denuncias recibidas en 2017 y 2018. El año pasado la Fiscalía General señaló que entre enero y marzo habían ocurrido 1.780 asesinatos cometidos por agentes de la fuerza pública, la mayoría personas asesinadas en el marco de operativos policiales encabezados por FAES, es un grupo de exterminio, un escuadrón de la muerte.

 

―¿Es de los que opina que la sugerencia que hizo el panel de expertos convocados por la OEA a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre una esperanza para que se haga justicia en estos crímenes? Las organizaciones parecían haber perdido la fe en la CPI

Lo que sucede es que antes no se había visto un patrón de abusos generalizados y sistemáticos de violaciones a los derechos humanos como para calificarlos de crímenes de lesa humanidad, pero el punto de inflexión fue 2014 cuando hubo un aumento de la represión tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo; es decir, no solo se trata de cifras sino que se han sofisticado los métodos de represión. Desde 1997 a 2002 Provea registró un poco más de 11.000 casos de violaciones a la integridad personal, pero desde que Maduro llegó al poder la cifra es de más de 30.000, o sea que en solo 5 años se triplicó la cantidad, y las víctimas son las que el gobierno estigmatiza como enemigos suyos o como delincuentes, aun cuando no lo sean. Ese informe del panel de expertos convocados por la OEA es una ayuda al procedimiento que viene preparando ese organismo, que es un proceso lento. Nosotros desde Provea enviaremos la información que recabemos en nuestros informes para aportar más elementos y también la haremos llegar a la Relatoría de Naciones Unidas, incluido el relator de ejecuciones extrajudiciales, los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el Comité contra la Tortura y los distintos grupos de trabajo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque es necesario decir que el correlato de la situación de obstáculos y amenazas para el ejercicio del derechos a la vida y a la integridad es la ausencia de garantías para los derechos sociales; es decir, se está reprimiendo, se está asesinando a personas con el telón de fondo de una emergencia humanitaria compleja, lo que muestra que tenemos un gobierno autoritario que al mismo tiempo mata de hambre y de enfermedades a la población.

 

―Cuando Venezuela recupere la institucionalidad democrática ¿por dónde comenzar a saldar las deudas con las víctimas de torturas y tratos crueles?

Por adelantar investigaciones imparciales contra los autores materiales, intelectuales, mandos medios y mandos altos involucrados en esos abusos y violaciones, y ese proceso debe darse en el marco de la creación de una comisión de la verdad, de verdad; es decir, con las características que debe tener una instancia como esa. En segundo lugar, emprender un proceso de reparación integral de las víctimas desde el punto de vista psicológico, pecuniario y el apoyo que el Estado debe prestarle a estas personas que quedaron con afectaciones físicas. Un tercer momento es la creación de mecanismos para evitar la repetición de estos hechos, la adecuación de la legislación vigente a los tratados internacionales, eso pasa por la ratificación del Protocolo contra la Tortura aunque esté firmada la Convención para dar justicia a las víctimas, así como adelantar un proceso de formación de los agentes de la fuerza pública, tanto militares como policiales; y un último momento que va de la mano es desmilitarizar la seguridad ciudadana porque los militares fueron creados para exterminar al enemigo desde una concepción bélica, su papel no es la persuasión ni el diálogo ni el empleo proporcional y diferenciado de la fuerza, por eso la seguridad ciudadana debe estar en manos de fuerzas de carácter civil.

―Qué conclusión tiene una vez finalizado y presentado este informe anual 2017?

Que estamos ante la presencia de una escalada de violaciones de los derechos humanos pese a las reiteradas denuncias. Este informe registra los peores indicadores desde 1989 cuando se elaboró el primero. Hay más pobreza, más violaciones al derecho a la vida, al derecho a la libertad personal, más torturas y tratos crueles, en todos los ámbitos es peor, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Estamos, como ya lo hemos dicho en Provea, ante un gobierno que es una fábrica de pobreza que tritura los derechos humanos.