Ligia Bolívar: No podemos seguir hablando de migrantes porque esto es una migración forzada

Décadas antes de la actual ola migratoria de venezolanos, la socióloga Ligia Bolívar ya dedicaba su labor a la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados que llegaban a Venezuela huyendo de graves situaciones en sus países. Es profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, primer centro académico dedicado a los derechos humanos en el país del cual fue su primera directora en 1999. También formó parte del equipo fundador de Provea, ha sido miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional y ha acumulado experiencia como miembro de diversas organizaciones y proyectos en países de Norte, Centro y Sur América, el Caribe, Europa, Asia y el norte de África. La masiva movilización de connacionales ocupa su atención, por ello está dedicada, junto a su equipo y aliados, a realizar un acucioso diagnóstico y recopilación de información que permita diseñar propuestas de incidencia orientadas a mejorar la situación de los venezolanos en el mundo.

Por: Crisis en Venezuela

―¿Cuál es el trabajo que actualmente desarrolla el Centro de Derechos Humanos de la UCAB teniendo en cuenta que cuando surgió atendía el tema de los refugiados en Venezuela pero ahora la situación se invirtió y es de nuestro país de donde salen los migrantes y refugiados?

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB, cuyo inicio fue hace 18 años, venía trabajando en los derechos de las personas solicitantes de refugio en Venezuela como país receptor, trabajábamos con población fundamentalmente colombiana, pero también haitianos, ecuatorianos y de algunos otros países; hace siete años aproximadamente se amplió la labor hacia los migrantes pero también como país receptor. Fue desde hace tres años cuando comenzamos a ver que dejamos de recibir solicitudes por parte de esa población que antes venía a Venezuela, ya no estaba llegando, ya más bien empezaban a salir y después se unieron los venezolanos, entonces comenzamos en un proceso de adaptación a esa nueva realidad. Desde el año pasado comenzamos a reformular nuestro trabajo en función de atender esta situación que tiene dimensiones críticas. El proyecto que estamos trabajando tiene tres componentes, uno es el levantamiento de un diagnóstico sobre la situación de la población que está saliendo de Venezuela, en eso influye tanto en el perfil demográfico y la parte sociopolítica como las razones por las cuales se van, levantar información sobre los marcos regulatorios de los 14 países donde hay mayor población venezolana, incluidos Canadá y Antillas Neerlandesas; es decir, lo que tratamos de hacer es recopilar información, atar cabos y poner en un solo espacio esa información, es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con aliados en América Latina. El segundo componente tiene que ver con que tengamos la posibilidad de alertar sobre las situaciones que se están presentando para mejorar la situación los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos a nivel internacional, para eso ya participamos en una primera audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos preparando la segunda, estuvimos en la consulta anual del ACNUR, hemos estado en cantidad de ciudades y en eventos paralelos en el contexto de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Asamblea General de la OEA. Y el tercer componente de nuestro trabajo se desarrolla también en alianza con otras organizaciones de la región para ver de qué manera influimos en una incidencia en los países receptores para achicar las diferencias que existen entre políticas y prácticas o hacer que coincidan las políticas y la realidad de las normas a fin de trabajar también en el ámbito normativo, regulatorio.

―¿Cuál es el término más correcto para definir la salida masiva de venezolanos?

La respuesta no se basa en mi punto de vista, sino de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, pues a una persona titular de derecho no la puedes llamar ‘caminante’, no la puedes llamar ‘diáspora’, la tienes que llamar migrante o refugiado, que son los términos jurídicamente aplicables, pues la estampida no tiene derecho, el caminante no tiene derecho, cualquier persona camina, yo camino, tu caminas, pero eso no te define, lo que define a estas personas es la condición de migrante o de refugiado, por eso nosotros insistimos en que esos son los términos que hay que utilizar. Y hay que diferenciar que todo refugiado es migrante pero no todo migrante es refugiado, hay personas que aplican para uno pero no para otro, actualmente en Venezuela estamos en una situación de flujos migratorios mixtos, eso significa que están saliendo personas que tienen condición de migrantes pero otras, la mayoría, que requieren protección internacional, son titulares de algunos derechos. Es importante tener en cuenta que la condición del refugiado no la otorgan los países receptores, sino que la tiene la persona, lo que califica como refugiado es el hecho de que la persona haya tenido que abandonar su país por determinadas razones, lo que da el país de acogida es un documento que reconoce al refugiado como tal, pero si no lo reconoce de todas maneras tiene una serie de protecciones, por ejemplo, que no los pueden devolver a sus países.

―¿Considera que a todos los migrantes venezolanos debería reconocérseles la condición de refugiados?

Las normas sobre refugio definen al refugiado como la persona que se ve obligada a abandonar su país de origen bien sea por persecución por razones políticas, raciales, étnicas, religiosas, etcétera. Sin embargo, en los años ochenta se vivió una situación con los países centroamericanos producto de las guerras civiles, y muchas personas se vieron forzadas a abandonar sus casas, estaban en medio de una situación de conmoción social, de desorden público, y tuvieron que ubicarse en otra parte. A raíz de esa situación los países de América Latina se reunieron en 1984 y se aprobó lo que se conoce como la Declaración de Cartagena, que hace una ampliación al concepto de refugiado y da la posibilidad a que las personas sean reconocidas como refugiados más allá de los conceptos clásicos al agregar otras razones: agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. El ACNUR en marzo de este año, si no recuerdo mal, emitió un documento de orientación a los países receptores en el que les dice que por la situación de Venezuela las personas que están saliendo califican dentro del concepto de la Declaración de Cartagena y les recomienda que apliquen esa declaración, pues indica que la razón para entender a los venezolanos como titulares de la posibilidad de refugio es, entre otras circunstancias, que están afectados gravemente por la escasez de alimentos, la crisis médica, de servicios públicos, la inseguridad… No es una ley de carácter obligatorio, es una recomendación. Hay 15 países de América Latina que han integrado la Declaración Cartagena a su legislación, por lo que deberían aplicarla, pero hay mucha resistencia porque no quieren comprometerse con las variaciones derivadas de la protección internacional. Y por otro lado la Declaración de Quito no menciona la palabra refugio ni el principio de no devolución ni nada respecto a protección internacional; es decir, solo tiene un enfoque de migración, contra eso es que tenemos que pelear.

―Es decir que fue un esfuerzo insuficiente…

Totalmente insuficiente, fue muy conservador, y no está muy lejos del trabajo en la OEA recientemente, con la diferencia de que por lo menos ahí hubo oportunidad de escuchar a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez es vocera de todos los órganos internacionales que tienen que ver con refugio y migración, y que había sacado un documento muy fuerte con varios puntos al respecto insistiendo en que el enfoque tiene que ir más allá. Nosotros abogamos por medidas permanentes, duraderas en el tiempo pues, por ejemplo, se ve con buenos ojos como primera medida las tarjetas temporales que han emitido los gobiernos de Perú y de Colombia, pero la palabra lo dice, son temporales y lo que tenemos que tener conciencia es que este fenómeno llegó para quedarse y por mucho tiempo aunque haya un cambio de gobierno porque las razones estructurales que motivaron la migración van a estar allí durante mucho tiempo hasta que la gente pueda volver.

―Al parecer nadie estaba preparado para que Venezuela pasara de ser país receptor de migrantes y refugiados a país generador de esa población.

Correcto, entre otras cosas por el volumen y la rapidez, porque nosotros recibimos gente aquí, pero nunca recibimos tanta ni en tan poco tiempo, o sea hubo un goteo durante muchos años y en diferentes momentos, vino gente del Cono Sur, de Haití, de Centroamérica, después vinieron los colombianos, pero esta vez es a la inversa y el problema ha sido muy veloz, uno entiende que a los países eso los agarró de sorpresa, a nosotros también. Entonces, los que trabajamos en derechos humanos estamos obligados a trabajar con la normativa de 14 países.

―¿Pero realmente no era previsible esta situación para los países vecinos? Ya desde hace años a medida que la crisis se acentuaba los venezolanos comenzaron a emigrar….

Lo que pasa es que la primera ola migratoria fue de inversionistas, gente que vendió sus propiedades que todavía valían, agarraron ese dinero, se fueron, invirtieron y se incorporaron a esas sociedades, pero no se esperaba este volumen masivo y tan rápido de personas sin recursos, nosotros vimos algunas alertas de masividad de que había condiciones que llevarían a la gente a irse y que los países tendrían que estar preparados para recibir a una población que se iba a quedar, pues es lo que estamos viendo, aunque algunos tienen ganas de regresar se van a quedar durante algún tiempo, pero además la gente va a seguir yéndose porque ya se agotó la capacidad del régimen para administrar la esperanza.

―Entonces aunque organismos, institutos y medios de comunicación tienen cifras diferentes de la migración venezolana, pero todos se refieren a millones, usted también habla en términos de volumen, de masividad…

Bueno, están los datos de ACNUR, ellos hablan de que se trata del movimiento más grande de la historia de la región, entonces ellos lo califican en esos términos, uno los tiene que tomar en serio.

―Eso aunque el gobierno lo desmienta y subestime al migrante diciendo que se va con 15.000 dólares o que las imágenes son parte de una campaña mediática promovida por Estados Unidos para perjudicar su imagen. Es otra forma de desprecio a su propia gente.

El régimen está haciendo con el tema de migración lo mismo que ha hecho con todos los temas que se convierten en críticos para el país, recordemos lo que pasó con el tema de inseguridad, primero lo negaron, después censuraron cuando cerraron la oficina de prensa del Cicpc, después ordenaron bloquear el acceso a la morgue de Bello Monte y por último lanzaron una campaña en la que ellos son las víctimas; también sucedió con el agua, prohibieron que se denunciara la calidad del agua, entonces primero se negó, después se sancionó y finalmente empezó la persecución; lo mismo está pasando con la migración, comenzaron por la negación, por la minimización del asunto, luego en octubre del año pasado el defensor del pueblo dijo que los venezolanos no estaban migrando, que los que se estaban yendo eran jóvenes porque a ellos les gustan mucho las discotecas, palabras más palabras menos eso fue lo que dijo, y que como en el país había problemas de inseguridad entonces ellos se estaban yendo para otros sitios; después comenzó la censura, bloquearon la cableras, el día que iban a transmitir el programa de DW sobre migración venezolana tumbaron la señal, el día que el portal Crónica Uno iba a publicar un reportaje sobre la situación en la frontera con Brasil también le tumbaron la página, ahora están con que van a demandar a Colombia porque maltrata a los venezolanos, se les olvida la barbaridad que hicieron con los colombianos aquí.

―¿Cómo debería asumir el Estado este problema?

Como debería asumir todos los problemas, con un cambio de política, pero no lo va a hacer, está demostrando de todas las formas que no lo va a hacer… Te volteo la pregunta: ¿cómo ha afrontado el gobierno de Venezuela el problema de la alimentación, de la escasez de medicamentos? No los afronta, se inventa historias, le echa la culpa a otros y más nada, eso es una crítica que les tenemos también a los Estados, pues en la Declaración de Quito se le pide al gobierno de Venezuela que busque mecanismos expeditos para otorgar documentos, pero no lo va a hacer porque no le interesa, ¡si no tenemos billetes qué van a estar pensando en pasaportes!, ahí es donde nuestra mirada tiene que ir a qué se puede hacer afuera, porque si los países receptores están esperando que los venezolanos lleguen con pasaporte nos fregamos, tienen que entender que es un proceso migratorio inusual y que obedece a razones de carácter estructural generadas por el mismo Estado.

―Entonces, piensa que los Estados podrían mejorar las medidas que están aplicando para recibir a los venezolanos. ¿Su respuesta frente al tema ha sido la ideal y acorde con el respeto a los derechos humanos?

No, para nada, lo primero es que no podemos seguir hablando de migrantes porque esto no es migración, es migración forzada por lo tanto cae dentro de la categoría de refugio y los países tienen que enfocarse en función de eso, no tratarlos como a cualquier migrante, eso supone que tienen que tomar medidas de protección a esa población, y eso implica el otorgamiento de documentos, independientemente de cuál sea el estatus migratorio con el que llegan al país y cuál es el documento que se posee al entrar. El país receptor tiene que darles oportunidades, no es que le regalen las cosas, sino que le den oportunidades para trabajar, que puedan entrar al mercado laboral en condiciones legales para evitar el tema de la trata, por ejemplo, la explotación, etcétera, que le otorguen documentos para que ellos puedan movilizarse por el país, abrir una cuenta bancaria, buscar empleo, acceder al seguro social, a cobertura médica, que sus hijos tengan acceso a la educación, o sea que tengan garantizados los derechos humanos en el país receptor, eso es lo que establece la Declaración de Cartagena, no me lo estoy inventando yo. Son cuatro principios que deben garantizarse: legalidad, accesibilidad a los mecanismos de protección, acceso a los derechos sin discriminación y garantía de no retorno.

―¿Qué opina del plan Vuelta a la Patria?

Es un cuento, cuando dicen que hay 500 venezolanos en Perú que quieren volver y uno sabe que en Perú hay un millón de venezolanos, entonces qué importa que se devuelva el 0,01%. Para que regresen todos los que han emigrado se necesitarían como 21.000 aviones. Ese plan es una farsa más. Pero además, ¿Vuelta a la Patria?, ¿qué es la patria? La patria es una caja de CLAP.

―¿Cuál es su reflexión ante esta situación?      

¿Qué siento? Creo que lo que sentimos todos, un grandísimo dolor de que la población tenga que estar saliendo en esas circunstancias, en esas condiciones dejando muchas cosas atrás, dejando familias, porque lo otro que aún no tenemos documentado, ya vamos a trabajar en eso, que es el drama de los que se quedan. La Organización Internacional de Migraciones en un levantamiento de información que hizo en la frontera entre Ecuador y Perú hace como tres meses más o menos recogió que 68,69% de los migrantes que son padres o madres de familia que estaban llegando a Perú dejaron a sus hijos en Venezuela, ese es un dato muy fuerte que da idea de la cantidad de niños que está quedando aquí al cuidado de una abuela que no tiene casa o está enferma, o de una tía que no tiene para darles la plata del pasaje para que vayan a la escuela ni para la lonchera… ese es un problema también; es decir, no es solo la gente que se está yendo, sino la que se está quedando aquí, por lo menos temporalmente.