María Inés Hernández, CODHEZ: El derecho humano a un nivel de vida adecuado es vulnerado todos los días

 

La sensibilidad por los temas sociales llevó a la comunicadora social María Inés Hernández a integrarse a la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), organización de la cual es su vocera. Con apenas 25 años de edad, esta joven nacida en Maracaibo también es graduada en Ciencias Políticas, carrera que cursó en la Universidad Rafael Urdaneta. Su camino hacia el movimiento de derechos humanos se dio a través de uno de sus profesores en la Universidad del Zulia cuando estudió periodismo, quien estaba vinculado a una organización internacional y consideró que su alumna reunía el perfil para dedicarse a esta labor. Así fue como en 2016 llegó a CODHEZ.

―¿Cuándo se creó Codhez y por qué surgió la iniciativa de crear la organización?

La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia surgió formalmente en 2015, aunque comenzamos a trabajar a partir de 2014 en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que se registraron ese año. En ese momento en Zulia ocurrieron detenciones arbitrarias que activaron a un grupo de abogados de la región que junto con las universidades empezaron a entender la importancia no solo de buscar la liberación de esas personas detenidas arbitrariamente, sino dejar constancia de las violaciones de derechos humanos que ocurrían en ese momento. De ahí surgió Codhez, por iniciativa de abogados. En principio fue un grupo de cinco abogados, encabezado por Daniela Guerra quien es nuestra coordinadora general, que siguieron trabajando aun cuando esa situación pasó, se siguieron llevando los casos y después, ese equipo fue creciendo, se siguieron sumando otras personas, entre ellas yo que soy periodista. Ya no solo es un equipo de abogados, sino un equipo multidisciplinario.

―¿Cuáles han sido hasta ahora las violaciones a los derechos humanos más reiteradas que ha documentado y denunciado la organización?

Aunque CODHEZ surgió bajo el contexto de las manifestaciones y de las detenciones arbitrarias no hemos sido una organización que solo se ha abocado al monitoreo y defensa de derechos humanos civiles y políticos, sino que también hemos abarcado otros tipos de derechos. Los tipos de violaciones más registrados varían cada año. En ese período de protestas lógicamente no solo fueron detenciones arbitrarias, también hubo ejecuciones extrajudiciales en la comunidad de Santa Rosa de Agua, y en el año 2017, por ejemplo, que también fue un periodo de protestas masivo, Zulia fue el estado que más registró detenciones diarias. En 2018 decidimos abocarnos también al abordaje y la investigación en materia del derecho a la alimentación y para eso efectuamos un estudio de seguridad alimentaria cuyos resultados, bastante alarmantes, los llevamos a las sesiones extraordinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia. Fundamentalmente, pudimos concluir que en Maracaibo el hambre afecta a tres de cada cuatro hogares, que apenas 8% de la población de Zulia consume proteínas. Otra situación que hemos denunciado constantemente es la situación eléctrica y el derecho a un nivel de vida adecuado que se les viola a los ciudadanos de este estado todos los días y tiene implicaciones como la masiva migración forzada.

¿Qué respuestas ha recibido esa documentación y denuncias? ¿Han tenido atención de los entes oficiales?

―Han existido algunas respuestas en particular de la Defensoría del Pueblo en torno a ciertos casos, aunque esa respuesta no se da de manera directa, pero sí observamos ciertas acciones producto de nuestras denuncias. Por citar solo un ejemplo, está el caso de un joven que fue torturado en el contexto de las manifestaciones de 2017 quien acudió a nosotros y desde el primer día hemos sido sus representantes legales. La jueza que llevaba el caso por no entender cómo es la dinámica de funcionamiento de una organización de derechos humanos ni cuál era nuestro rol en el asunto no quería otorgar las copias certificadas del expediente al equipo de los abogados, eso impedía preparar la defensa con el rigor necesario. Nosotros denunciamos que a esa persona se le estaban violando sus derechos constitucionales y su derecho a la defensa, el nombre de esa jueza apareció vergonzosamente en los medios de comunicación, lo que generó una fuerte presión en el tribunal que tuvo que otorgar copias certificadas del expediente. Lógicamente, no van a admitir que cedió por esa presión, pero sí actuó en consecuencia de eso. Nosotros, como organización que denuncia, defiende y promueve los derechos humanos estamos constantemente en la palestra pública haciendo denuncias que las autoridades ven y que a las cuales no pueden permanecer indiferentes.

―Sin embargo, existe una gran inacción por parte del Estado a las denuncias que hacen las organizaciones de derechos humanos

―Sí, pero no podemos dejar de intentarlo, tenemos que seguir denunciando, se han dado muchas situaciones en que hemos visto una actuación del Estado que nosotros reconocemos que es producto de la presión, de nuestras denuncias que se han conocido públicamente. Ese es nuestro papel como defensores de los derechos humanos, monitorear, estar vigilantes y denunciar. Incluso, en este contexto donde parece que las esperanzas de justicia son muy pocas.

―Comentaba que en las sesiones extraordinarias de la CIDH en Bolivia recientemente Codhez expuso cifras dramáticas de la situación alimentaria en Zulia. ¿Cómo cree que pudiera revertirse esa realidad?

Primero es necesario que exista voluntad política, porque no hablamos de una crisis humanitaria en los términos más comunes, que es cuando ocurre producto de un desastre natural o un conflicto bélico, esos son escenarios que en Venezuela obviamente no hay. Aquí lo que existe es un Estado que ha perdido la capacidad de brindar respuestas a los venezolanos y brindar garantías a los derechos más básicos. Además, estamos ante cuestiones ideológicas y una negativa a reconocer esa incapacidad y a aceptar la respuesta humanitaria internacional en términos de imparcialidad y neutralidad. Entonces sí pensamos que es necesaria una respuesta humanitaria internacional, aunque lógicamente estamos en contra del uso de la fuerza, pues consideramos que eso puede agravar más el panorama. Hemos sido muy constantes en reiterar que esa respuesta humanitaria se debe dar en términos de imparcialidad y fraternidad como la legislación internacional lo prevé sin que la situación sea tomada como excusa para una intervención militar, pues como defensores de derechos humanos no estamos de acuerdo con eso.

―¿Cree que esos índices de inseguridad alimentaria que denunciaron ante la CIDH pudieran ser recuperados con la ayuda humanitaria que se está pidiendo que ingrese al país?

Sin duda alguna, nosotros identificamos cinco parroquias en Maracaibo que padecen grave inseguridad alimentaria, incluido el tercer nivel, que es el hambre. El primer nivel comienza con la preocupación de las familias por alimentarse; el segundo nivel continúa con las restricciones en la calidad y en la variedad de los alimentos, como por ejemplo dejar de comer tres veces al día o dejar de consumir proteínas animales; y el tercer nivel es el hambre cuando se deja de comer porque no hay recursos. Esas cinco parroquias en las que detectamos esta situación son Simón Bolívar, Cacique Mara, Manuel Dagnino, Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Maracaibo donde vimos que 100% de los hogares encuestados experimentó los tres niveles de inseguridad alimentaria. Entonces, es importante que esos estudios que las organizaciones estamos haciendo sean tomados en cuenta para canalizar esa ayuda internacional y para que llegue a los sectores más vulnerables.

―En cuanto al tema migratorio llama la atención que siendo Zulia un estado fronterizo no suele surgir mucha información al respecto desde ese lado. ¿Hay migración desde Zulia?

Sí, por supuesto existe. Lo que pasa es que hay lugares que son más mediáticos que otros, por lo menos, la frontera con Cúcuta. Y no solamente hay migración terrestre, sino también aéreo. Aquí está el Aeropuerto Internacional de La Chinita donde salen vuelos internacionales todos los días, y ahí ves a las personas llorando todos los días. Sin embargo, nosotros hemos trabajado el tema migratorio transversal a otros temas. Por ejemplo, en el estudio que hicimos sobre seguridad alimentaria nosotros incluimos el aspecto de las remesas. Logramos ver que uno de cada dos hogares en Maracaibo recibe remesas para comprar alimentos, eso revela la pérdida del valor del trabajo, pues las familias no tienen capacidad para sostenerse a sí mismas sin ayuda de un externo, habla de la dependencia que tienen los venezolanos de esas ayudas que llegan del extranjero. Las comparamos con las familias que reciben ayudas gubernamentales como las cajas CLAP, lógicamente, las familias que mejor desde el punto de vista nutricional son las que reciben remesas; de hecho, son las que logran hacer las tres comidas al día.

―¿En algún momento se han visto impedidos de hacer su trabajo o han tenido incidentes que entorpezcan la labor que realizan?

Hasta ahora no hemos recibido una amenaza directa a la organización ni a algún miembro del equipo, pero sí ha habido hechos puntuales que nos permiten saber claramente que no nos ven con ojos de agrado, situaciones en las que uno va a preguntar por un detenido en un centro de detención y nos niegan la información, cuando ven que llega el equipo de abogados de CODHEZ asumen cierta actitud, pero no es algo directamente contra nosotros, sino contra el movimiento de derechos humanos en el país, son actitudes generalizadas de las autoridades y de los cuerpos de seguridad del Estado.

―¿Cuál es la más grave violación a los derechos humanos que está ocurriendo en Zulia?

Es una pregunta difícil porque para los defensores los derechos humanos son interdependientes, ninguno tiene más importancia que otro, aunque unas pueden parecer más atroces que otras. Por ejemplo, el derecho humano a un nivel de vida adecuado es vulnerado todos los días cuando no tenemos agua potable, cuando carecemos de servicio eléctrico, entre otras tantas cosas, y es una violación continua, lo que pasa es que las personas aprenden a sobrevivir con eso de una forma u otra, se acostumbran a estar determinadas horas del día sin servicio eléctrico, buscando agua potable por sus propios medios, etcétera. En cambio, una ejecución extrajudicial que implica la pérdida de una vida es más atroz y puede ser más difícil de superar, pero todas son violaciones a los derechos humanos. En Zulia nos preocupa muchísimo el tema de la cotidianidad, la violación al derecho a un nivel de vida adecuado y, además, que no se buscan soluciones y lo que más nos preocupa es que la situación no se solvente y que deje de ser noticia, ya los apagones en Zulia ni siquiera son noticia y volvió un racionamiento eléctrico disfrazado sin que la sociedad se inmute porque ya es parte de la vida cotidiana. Igual ocurre con el tema del agua potable, hay sectores en Maracaibo sin acceso al agua, además cuando llega no es potable. Por supuesto, la represión a las manifestaciones, los ataques a residencias, las detenciones arbitrarias son temas que nos preocupan muchísimo y estamos atentos. Monitoreamos la violación de todos los derechos.

―En qué tema está trabajando la organización actualmente?  

Continuamos trabajando el tema de seguridad alimentaria, pronto estaremos publicando un informe sobre la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Ya publicamos uno en diciembre, para ese momento la cifra de escasez era de 72%. Además, ya estamos por publicar el informe anual en el que recogemos todo: derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, por supuesto, libertad de expresión.

―¿Cómo ha sido la experiencia en la defensa de los derechos humanos?

Sin duda alguna ha sido gratificante estar en este espacio en momentos de tanta adversidad. Tengo 25 años de edad y la mayor parte de mis amigos y familiares se han ido del país, y se van porque no sienten que hay oportunidades en Venezuela, se van porque no le encuentran sentido a lo que hacen. Así que para mí estar en CODHEZ me ha permitido encontrarle sentido a lo que hago. Es gratificante y es un espacio de libertad.

―¿Qué siente frente al desdén que demuestra la administración de Nicolás Maduro por el tema de los derechos humanos?

Podría decir que hace muchos años, antes de iniciar la defensa de los derechos humanos, sentía impotencia porque no entendía cuáles eran las herramientas de la sociedad civil para exigir y defender. Después que ingresé a CODHEZ y me formé empecé a sentir menos impotencia y que la justicia efectivamente está en nuestras manos. Creo que todo el despliegue de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela es reflejo de que nuestra labor tiene sentido; además, la resolución de casos específicos son producto de la existencia de las organizaciones de defensores de derechos humanos. Entonces, particularmente creo que hay que seguir luchando y no me dejo llevar por la frustración, por la adversidad que implica vivir en Venezuela porque antes de ser defensora de derechos humanos también soy venezolana y padezco la situación. Entonces, estar aquí para mí implica, además de tener un espacio de libertad y de gratitud, sentir que tengo herramientas para dar mi aporte al país.