Román Duque: “Una Constitución que consagre el Estado socialista colocaría a Venezuela fuera del contexto continental”

Contrario a lo que indica la norma, es poco lo que se conoce del debate que se da en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la redacción de la nueva Constitución para Venezuela. Aunque la instancia cumplió un año de su inconstitucional instalación no ha cumplido la misión para la cual, en tal caso, podría estar llamada. Es hasta hace poco que por declaraciones de algunos diputados y constituyentistas, además de documentos que circulan por las redes sociales, se ha conocido algo de la propuesta con claro sesgo socialista.

Román Duque Corredor, coordinador Nacional del Bloque Constitucional, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, analiza las implicaciones que tendría para Venezuela y los venezolanos un texto constitucional con estas características.

—La Asamblea Constituyente está adelantando la redacción de una nueva constitución, pero es poco lo que se ha sabido de los debates de su articulado; de hecho, la noticia se conoce cuando al parecer ya la propuesta está avanzada. ¿Qué opina de eso?

Por cuanto no hay acceso a la información y tampoco participación ciudadana sobre el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro se pone en duda si el texto que ha aparecido a través de las redes sociales es en verdad es el proyecto de Constitución que se está discutiendo. Sin embargo, el texto divulgado aparece como elaborado por un instituto vinculado al partido de gobierno y además contiene conceptos y terminología propia de su ideología y de sus tesis políticas, como, por ejemplo, el Estado socialista, el Estado comunal, la propiedad colectiva y social o el modelo económico de producción socialista, que se utilizan con frecuencia por el gobierno en sus actos oficiales. Como también el de propiedad particular en lugar de propiedad privada. Así como la de la geopolítica territorial como base para sustituir la actual división política territorial en la que se suplanta el municipio por la comuna. Además de esto, la restricción que se hace de los derechos políticos, como el de la información y de manifestación al subordinarse a intereses superiores de la ideología del Estado socialista, de corte castrista. Todo estas coincidencias y similitudes hacen que el texto divulgado se vea con preocupación, o al menos con prevención, por cuanto es una regresión en materia de derechos humanos y contraria el modelo de Estado de Derecho republicano, federal y democrático, que el pueblo venezolano escogió para nuestra Nación, y que obliga a cualquier constituyente futura o derivada de la vigente Constitución. Por eso, en el Bloque Constitucional hemos creado un equipo coordinador por Alejandro González para analizar el contenido ideológico de texto para luego compararlo con el que la asamblea madurista constituyente presente como proyecto de Constitución. Sobre todo, porque la ANC, aparte de su ilegitimidad, de acoger ese texto o uno parecido estaría violando los límites que el artículo 350 de la vigente Constitución impone a cualquier autoridad, de no atentar contra la tradición republicana, la lucha por la independencia, la paz y la libertad, los valores, principios y garantías democráticos o la primacía de los derechos humano que permiten al pueblo venezolano desconocer el régimen que esa autoridad establezca en violación de esos límites.

—Al revisar la propuesta de Constitución que ha circulado y por declaraciones de constituyentistas se conoce que el nuevo texto incorporará ideales socialistas de Chávez que fueron rechazados en la reforma planteada en 2007. En el preámbulo, la propuesta habla de “la construcción impostergable del socialismo” y define la república como “Patria Bolivariana Socialista”. ¿Qué significaría una carta magna socialista para los venezolanos?

De aprobarse por la Constituyente madurista la propuesta que consagre como principio superior el socialismo como axiología constitucional o la definición de la República como patria socialista, es decir, de un pensamiento único, significaría la eliminación del Estado democrático que se basa en el pluralismo, por tanto habría razón y justificación para ejercer el derecho de resistencia legitima conforme con los artículos 33 y 350 de la Constitución por tratarse de una amenaza de instauración de un régimen totalitario y, por ende, para desconocer el texto propuesto y para restaurar la vigencia del texto constitucional derogado.

—Llama la atención que cada vez que la propuesta hace mención al Estado lo denomina: “Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social”. ¿Cómo se entiende esto?

La consagración de un Estado socialista es la antítesis de Estado democrático y de Derecho porque es excluyente de cualquier otro pensamiento y del concepto de justicia social. Estos se basan en el equilibrio económico y social, con libertad y democracia, y no en un plan estatista. Y tampoco sería un Estado popular porque por su carácter excluyente tal Estado no representaría sino a una parte del pueblo.

—¿Qué opina de que la propuesta eleva a siete años el mandato presidencial?

Elevar el periodo presidencial es propio de los dictadores, de los regímenes totalitarios, de los modelos de Estados antidemocráticos, pues la esencia de la alternabilidad está en mantenerse en el poder mediante periodos cortos y la prohibición de reelección indefinida; pero los períodos largos y reelección indefinida estarían apuntalando una dictadura ideológica y política.

—Uno de los primeros artículos de la propuesta habla de “producir los bienes, prestar los servicios, distribuirlos e “intercambiarlos” con justicia social. ¿Quiere decir que se le da rango constitucional al trueque?

Elevar a disposición constitucional el intercambio para la distribución de bienes y productos es una regresión en materia económica y social porque, sin duda, es volver a etapas históricas donde no existía la moneda.

—La figura de las comunas aparece como nueva división política de las ciudades que constituirán formas de autogobierno. Se prevé un “presupuesto anual de la comuna como parte integrante del presupuesto municipal” y toda una estructura: parlamento comunal, un consejo ejecutivo, un consejo de planificación, un consejo de producción de bienes y servicios, y hasta el Banco de las Comunas. ¿Qué implicaría esto?

La propuesta de división política de comunas y de poderes comunales, además de antidemocrática, porque serían entidades no representativas donde su elección no se haría por sufragio universal y directo, es la consagración de una estructura vertical del Estado de concentración del poder en manos del autócrata de turno y en el cual estos entes estarían bajo el control y subordinación de los comisarios políticos del partido de gobierno.

 

—En material económica el nuevo texto constitucional plantearía cambiar las condiciones para las empresas de capital mixto a fin de proponer una apertura a la inversión extrajera petrolera, según han señalado diputados y constituyentistas, esto contrario al espíritu que rige en la actual carta magna, argumentando que los tiempos actuales así lo exigen. ¿Qué opina al respecto?

Las empresas mixtas es un modo de atraer inversiones extranjeras para la explotación de industrias básicas y recursos naturales, su consagración en sí misma no es inconveniente y es un modelo propio de la globalización y de la libertad de mercado. Pero si no se permite la participación del capital privado nacional ello sería consagrar un capitalismo de Estado. Y, por otro lado, por razones de soberanía, tales empresas han de ser objeto de controles previos para impedir condiciones desventajosas para la soberanía nacional y corrupción. La experiencia ha demostrado que el capitalismo de Estado crea una elite gubernamental como, por ejemplo, el caso de China.

—En cuanto a los derechos humanos y el respeto a las libertades, el debido proceso, entre otros, los enunciados se mantienen intactos, lo que parece una ironía cuando por años el Estado venezolano los ha vulnerado de manera sistemática e impune.

En efecto, la primacía de los derechos humanos no es solo enunciarlos, sino garantizar su efectividad, que un Estado ideológico no garantiza. Las constituciones de Estados totalitarios ideológicos como el cubano y el chino consagran derechos individuales y hasta políticos que en la práctica no tienen vigencia; y si además no existe un Poder Judicial independiente la consagración de los derechos fundamentales es una falacia.

—En líneas generales, con lo que se conoce hasta ahora, ¿cuáles son sus mayores críticas a la propuesta constitucional? ¿De qué tendría el venezolano que estar más atento?

De ser cierta la propuesta, la principal crítica, es que representa una eliminación del Estado de Derecho democrático, plural y participativo y su sustitución por un Estado totalitario, de corte ideológico fundamentalista, donde los derechos fundamentales no tendrían vigencia y efectividad, y la participación ciudadana sería sustituida por el sectarismo partidista. Y, por otro lado, un texto que consagre el Estado socialista va contra la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, lo que colocaría a Venezuela fuera del contexto continental.